MADRID, agosto 27.—Varias organizaciones ciudadanas protagonizarán este domingo aquí la primera manifestación social contra el acuerdo alcanzado entre los dos principales partidos políticos de España para introducir en la Constitución el límite de déficit, reportó PL.
Entre los convocantes figuran Democracia Real Ya y Juventud Sin Futuro, plataformas que junto al Movimiento 15-M o de los Indignados nacieron en las redes sociales de Internet para expresar su hartazgo por la situación política, económica y social de ese país.
Según el diario Público, el malestar ciudadano ante la proyectada reforma de la Carta Magna, que se pactó la víspera por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP), saltó de la comunidad virtual a la calles, indicó el diario Público.
Después de las últimas movilizaciones esto es una provocación, declaró al periódico madrileño Ramón Espinar, miembro de Juventud Sin Futuro. Espinar consideró que la propuesta del PSOE-PP de modificar la Constitución incluye un techo del gasto público, lo que significa «constitucionalizar» el neoliberalismo.
Según el comunicado, citado por EFE, los convocantes exigen que «en el desgraciado caso de que no haya diputados suficientes para impedir esta chapuza democrática», se celebre un referéndum en el que pedirán votar «no».
Bajo las consignas de «Madrid se manifiesta», «Yo quiero votar» o «Nuevo golpe de Estado financiero», la protesta pacífica, que concluirá en la Puerta del Sol, símbolo del 15-M, demandará que el pretendido cambio a la Constitución sea sometido a un referendo vinculante.
Consagrar el neoliberalismo en la Carta Magna y hacerlo sin consultar a los españoles pone de manifiesto que el bipartidismo está al servicio de los mercados; es un paso más contra las mayorías sociales, denunció Espinar.
El PSOE y el PP sellaron un pacto para anexar a la ley fundamental un principio genérico de estabilidad presupuestaria, el cual impide a las administraciones públicas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes exigidos por la Unión Europea (UE).
La coalición Izquierda Unida acusó la víspera a socialistas y populares de decidir sustituir una Constitución social por otra conservadora, que viene impuesta por los mercados y las instituciones financieras, que no responden a las necesidades de los ciudadanos.
