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Los indignados de Barcelona salieron a la calle para exigir el cese de los recortes en la salud. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 05:13 pm
MADRID, septiembre 2.— El Congreso de los Diputados (Cámara baja) de España aprobó este viernes una controvertida reforma constitucional pactada entre el Gobierno y el conservador Partido Popular (PP) para limitar por ley el déficit público.
Por 316 votos a favor y cinco en contra, los diputados dieron luz verde a la iniciativa, que según sus promotores busca garantizar la estabilidad presupuestaria, aunque sus críticos la ven como una nueva concesión a los mercados, reportó PL.
De esa manera, la modificación a la Carta Magna, acordada hace una semana por el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la derecha, encarnada por el PP, pasa ahora al Senado (Cámara alta) para su visto bueno definitivo.
Los defensores del cambio en la Constitución aprovecharon la hegemonía de ambas fuerzas en el Congreso para llevarlo adelante, labor a la que se sumó la centroderechista Unión del Pueblo Navarro. Pero no lograron el apoyo de Convergencia i Unió (CiU, derecha nacionalista catalana), con la que negociaron hasta último momento dos enmiendas que no pudieron votarse por el veto de Izquierda Unida (IU). Al final, CiU optó por no participar en la votación, al igual que hicieron IU y el Partido Nacionalista Vasco, aunque sus diputados permanecieron dentro del hemiciclo.
Por el contrario, los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Gallego, Iniciativa por Cataluña Verdes (ICV) y Nafarroa Bai abandonaron el plenario en rechazo a lo que calificaron de golpe constitucional.
Para los grupos minoritarios, el pacto atenta contra el estado de bienestar y provocará más recortes sociales y laborales y la privatización de servicios públicos. Acusaron al PSOE y al PP de sacrificar la soberanía política, al someter la democracia a los chantajes de los especuladores. Denunciaron además que esos partidos sacrificaron la soberanía popular, al eludir la convocatoria de un referendo para que los ciudadanos se pronunciaran sobre este cambio en la Ley Fundamental. En igual sentido se han manifestado los principales sindicatos y el movimiento de los indignados.
