DAMASCO, febrero 7.— Catar pagó miles de dólares al mes a algunos periodistas rusos para que crearan un portal digital y fabricaran noticias y sucesos artificiosos sobre Siria, evidencia un documento que publica hoy la agencia de noticias SANA. La documentación contiene una hoja contable que especifica los nombres y cantidades de dinero repartidas entre los redactores rusos escogidos. También incluye un folleto que envió un individuo identificado como Mahmoud al-Hamza y que se presenta como jefe de un grupo llamado Comité de Apoyo a la Revolución Siria, al embajador catarí en Moscú con toda la información sobre ese proyecto antisirio e identifica las personas que recibieron dinero del gobierno de Doha.

El documento, fechado el 10 de enero, revela los nombres de los participantes en el proyecto, entre ellos al-Hamza, Bassam al-Buni, Osama al-Halabi, Nasr al-Yousef, Omar al-Shaar, Raed Jabr, Mazen Abbas y un número de de ciudadanos rusos. Esta evidencia se suma a la recolección de pruebas y hechos que muestran que Catar apoya a los grupos armados terroristas, además de su guerra mediática contra Siria a través de al-Jazeera y otros canales televisivos.

Por otro lado, la agencia de noticias Cham Press denuncia que canales satelitales, particularmente el catarí al-Jazeera y el saudita al-Arabiya fomentan la sedición e instigan a la violencia terrorista en Siria. Luego de dos días de amenazas de personas asociados al llamado Ejercito Sirio Libre el cual está afiliado al Consejo de Estambul, y de llamados a ataques contra propiedades, las bandas armadas recrudecieron sus acciones, en particular en Homs, las cuales provocaron la muerte de numerosos civiles y cuantiosos daños materiales, describe Cham Press.

Esos canales dedicados a la provocación y a la distorsión no se han limitado solo a difundir falsedades, sino que han asumido el rol de centro de operaciones desde el que se imparten órdenes a agentes y mercenarios del Consejo de Estambul para matar, asesinar, secuestrar ciudadanos y militares, así como atacar establecimientos públicos y propiedades civiles, denuncia la agencia.