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Los paraguayos continúan las protestas contra el golpe. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 05:22 pm
ASUNCIÓN, julio 5.— Un recurso de inconstitucionalidad contra la destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, paso inicial para que sea debatido en tribunales internacionales.
Los abogados del mandatario destituido demandaron a los magistrados declarar la ilegalidad del juicio político llevado a cabo por el Congreso y la restitución inmediata de Lugo en su cargo.
Para ello, alegan las irregularidades del proceso, el cual negó las garantías mínimas establecidas para la defensa del jefe de Estado, sacado del poder en menos de 24 horas y con apenas dos horas para defenderse de cargos imputados sin prueba alguna, dijo PL.
De acuerdo con lo establecido en las atribuciones de la Corte, los magistrados podrán decidir entre devolver a Lugo a la Presidencia de la República, ordenar nuevo juicio político con todas las garantías, o rechazar la inconstitucionalidad del procedimiento empleado por el Parlamento.
El criterio de que la Corte paraguaya decidirá por esta última alternativa es generalizado, pues los jueces, amenazados anteriormente de juicio político por cargos de corrupción y falta de idoneidad para desempeñar su labor, dieron públicamente apoyo al nuevo gobierno.
Sin embargo, se trata del paso previo dado por los abogados de Lugo para presentar casi inmediatamente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los mismos argumentos.
En esa ocasión, un fallo favorable a Lugo incluiría una sanción política y económica contra el gobierno designado por el Congreso tras la destitución de Lugo y la demanda de su regreso a la silla presidencial, agregó PL.
El tratamiento del tema en la Corte Interamericana contará con el peso específico del aislamiento internacional en que se encuentra el Ejecutivo encabezado por Federico Franco, al cual reconocieron hasta ahora sólo tres gobiernos.
Ese aislamiento puede ampliarse ante la ofensiva que emprendió ahora contra Venezuela y otros Estados suramericanos acusándolos de injerencia, por la suspensión de su pertenencia a Unasur y Mercosur a causa del golpe parlamentario ejecutado el 23 de junio pasado.
