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ASUNCIÓN, octubre 3.— Un informe de la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos, responsabilizó este miércoles a la represión policial por el saldo trágico del desalojo campesino utilizado para justificar la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, mientras se multiplican las protestas contra el Gobierno.
El estudio está avalado por videos, fotos y declaraciones de testigos del episodio ocurrido el pasado mes de junio en la localidad de Curuguaty, que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis agentes policíacos, reportó PL.
El hecho, que conmocionó a la sociedad paraguaya, se alega fue provocado por un supuesto apoyo de Lugo a grupos violentos de labriegos, que presuntamente emboscaron a la fuerza pública, y constituyó principal acusación durante el juicio político abierto al mandatario para sacarlo de su cargo.
El informe señaló que en el desalojo estuvieron 323 efectivos policiales, que debían negociar la salida del terreno ocupado por 60 campesinos, pero la violencia generó también más de cien heridos.
Durante una conferencia de prensa se mostraron videos e imágenes que desmienten la alegada emboscada campesina, pues en la recepción a los policías estaban presentes hasta mujeres y niños, algo insólito si se hubiera preparado un ataque.
El tipo de disparos y las heridas producto de ellos determinan la utilización de armas de grueso calibre, automáticas, que nunca fueron halladas en el campamento ni incautadas a los campesinos, quienes apenas tenían escopetas viejas y solo una fue disparada.
Según declaraciones de policías y campesinos que sobrevivieron, francotiradores apostados alrededor y no identificados, comenzaron a disparar, propiciándose la masacre, reseña el informe.
La policía hizo fuego indiscriminado contra quienes no respondían a los disparos y accedió al lugar ejecutando a todos los campesinos, y ello explica, según el documento, por qué muchos murieron por heridas causadas a corta distancia.
El estudio, que incluye la denuncia de detenciones y maltratos a detenidos menores de edad y la colocación de falsas evidencias para inculpar a los labriegos, contrasta con el informe sobre el tema divulgado por la Fiscalía, que va en sentido contario.
