OEA respeta decisiones constitucionales en Venezuela

Extrema derecha prepara actos de calle y manifestaciones para el próximo 23 de enero. ¿Replicarán los hechos que antecedieron y se produjeron durante el fracasado golpe de Estado del 11 de abril de 2002?

Autor:

René Tamayo León

CARACAS.— El tema de la juramentación presidencial en Venezuela ya ha sido zanjado, señaló el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, al informar que la organización «respeta cabalmente, como no podía ser de otra forma, la decisión tomada por los poderes constitucionales de Venezuela».

El meollo de la cuestión local radicaba en la interpretación del artículo sobre la legitimidad o no de que Hugo Chávez, como presidente reelecto, pudiera cumplir el protocolo de juramentación más allá del 10 de enero y satisfacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La alternativa fue asumida. Al respecto, Insulsa explicó que el «tema ha sido ya resuelto por los tres poderes del Estado». Lo planteó el ejecutivo, lo consideró el legislativo y lo resolvió el judicial, expuso.

«Las instancias están agotadas y por lo tanto el proceso que se llevará a cabo en ese país es el que han decidido los tres poderes». Descartó que en Venezuela existiera una «alteración del orden constitucional». No obstante, dejó abierto el compás: «si algún país quiere tratar este o cualquier otro tema en la OEA, lo puede llevar al seno del Consejo Permanente».

Lo expuesto por el Secretario General de la OEA a periodistas que lo interpelaron en Santiago de Chile ha sido replicado con profusión en buena parte de la prensa continental.

La derecha insiste

A lo interno de Venezuela, parlamentarios y políticos opositores han llamado a encuentros y concentraciones para discutir la sentencia del TSJ y convocaron para una marcha el día 23 de enero, como «una demostración masiva de fuerza en las calles».

Vamos a reafirmar en las calles «nuestro carácter democrático. La Unidad Democrática se mantiene en la primera línea de la lucha por el respeto a los derechos de todos los venezolanos», señaló el bloque de diputados de la ultraderecha.

Durante el día de ayer, Leopoldo López, uno de los golpistas del 11 de abril de 2002, y líder del ultrarreaccionario partido Voluntad Popular, exhortó a la oposición a oponerse al dictamen de los poderes democráticamente constituidos.

«No nos quedemos encerrados en nuestras casas, vamos a todas las plazas del Área Metropolitana», aupó.

En el mismo rumbo se está moviendo el también golpista y gran perdedor en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, Henrique Capriles Radonski, quien presumió posibles acciones, aunque aclaró que detrás de estas estaría el Gobierno.

Es la misma estrategia del 11 de abril de 2002 y los días que le antecedieron, cuando la contrarrevolución llamó a paros y generó acciones violentas que quiso achacar al Gobierno.

En su afán desestabilizador, estos sectores parecen no haber percibido la fuerza de la multitudinaria concentración que, el jueves, refrendó los pronunciamientos del Parlamento venezolano y del Tribunal Supremo de Justicia. Fue un contundente respaldo a Chávez y una muestra de la disposición de las masas bolivarianas a defender la democracia y la Revolución. Los opositores no debieran pasarlo por alto.

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