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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) reiteraron este domingo la propuesta de instaurar un alto bilateral de hostilidades, cuando termina el plazo del cese unilateral de operaciones de dos meses decretado por los guerrilleros.
El jefe de los representantes de las FARC en el diálogo con el gobierno, Ivan Márquez, propuso una vez más al gobierno del presidente Juan Manuel Santos decretar una alto el fuego de las dos partes, encaminado a rodear con un ambiente tranquilo las conversaciones de paz.
Al entrar al habanero Palacio de Convenciones —sede permanente de las conversaciones—, Márquez añadió que si el gobierno no estima pertinente la iniciativa, podrían entonces acordar un tratado de regularización de la guerra para evitar a la población mayores padecimientos.
Podemos tratar de atenuar el impacto del conflicto a los civiles, con acciones como no instalar bases ni cuarteles militares en medio de asentamientos de población, refirió Márquez.
Asimismo, destacó el reconocimiento que realizó el presidente colombiano, al cumplimiento por parte de las FARC de esa moratoria de acciones ofensivas durante 60 días, lo cual fue anunciado por los guerrilleros al iniciar las conversaciones de paz el 19 de noviembre.
Márquez dijo que , «con dolor en el corazón», confirma que hoy termina el plazo del cese unilateral de operaciones.
Por su parte, el presidente colombiano declaró la víspera, a propósito del fin del plazo, que la Fuerza Pública colombiana está preparada para responder a cualquier acción de las FARC.
Hasta el momento, el gobierno se ha mostrado a favor del establecimiento de la paz, pero considera que un alto el fuego debe ser resultado de los eventuales acuerdos de la mesa de conversaciones en La Habana, que desde su comienzo ha estado centrada en el tema de la tierra, origen del conflicto armando colombiano, destacó Prensa Latina.
La agenda del diálogo, que encabeza por la parte gubernamental el ex vicepresidente Humberto de La Calle, incluye otros cinco puntos referidos a las garantías para la participación política, el fin del conflicto armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, los derechos de las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendación de lo pactado en la mesa.
