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Iván Márquez, representante de las FARC-EP. Autor: Calixto N. Llanes Publicado: 21/09/2017 | 05:30 pm
Puntos de contacto sobre el avance de los diálogos de paz y diferencias con respecto a la flexibilización o no de la agenda que siguen, marcaron el final del cuarto ciclo de conversaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno Colombiano.
En una declaración hecha pública este domingo, el jefe del equipo gubernamental que participa en los mesa, Humberto de la Calle, habló de las partes avanzan «sobre la base de aproximaciones en temas concretos del primer punto de la agenda» referido al tema de la tierra, pero rechazó la posibilidad de abrir el espectro de negociaciones.
«Nos acogemos estrictamente a la agenda pactada en el Acuerdo General y no vamos a abrir la agenda de conversaciones a temas nuevos planteados por las FARC-EP en su plataforma», de la Calle en referencia a varias propuestas hechas pública por la guerrilla en las últimas semanas y entre ellas mencionó, específicamente, las relacionadas con el tema minero-energético o la idea de frenar la construcción de un megaproyecto para generación de energía.
Estas propuestas «sencillamente no forman parte de las discusiones de la Mesa», aseveró el también ex vicepresidente colombiano y aseguró que mientras las conversaciones se mantengan sobre la agenda pactada, «estas pueden avanzar a buen ritmo», dijo.
Al respeto, en otra declaración emitida poco después, las FARC-EP destacaron que se mantienen dentro de los puntos acordados, pero insistieron en la necesidad de someter a consulta popular su solicitud de repensar las formas en que se explota la tierra en Colombia por las compañías mineras y energéticas.
«Habrá que preguntarle al pueblo, al constituyente primario, si quiere que se arroje a los socavones del olvido el tema del saqueo minero-energético pretendido por la voraz política neoliberal», afirman.
Otro de los puntos tratados por ambas partes en sus declaraciones fue el referente al tema de las víctimas causadas en décadas de conflicto. En ese sentido el representante del gobierno hizo referencia a posibles acciones contra los miembros de las guerrillas en el tema de la compensación de los damnificados.
«No concebimos un acuerdo para la terminación del conflicto sin que la guerrilla le ponga la cara sus víctimas. Llegado el momento, propondremos fórmulas y mecanismos para que ello ocurra», sostuvo.
Los guerrilleros, por su parte, respondieron que «si el gobierno toma muy en serio el tema de las víctimas deberá empeñarse en responderle a la sociedad por ese rosario histórico de crímenes del terrorismo de Estado».
Este recién terminado cuarto ciclo de la mesa de diálogo estuvo marcado, desde el inicio, por fuertes tensiones luego de que las FARC-EP reconocieran haber hecho prisioneros en suelo colombiano a dos policías y un soldado.
No obstante se mostró dispuesta a liberarlos bajo el auspicio de la Cruz Roja Internacional y de la organización humanitaria colombianos y colombianas por la paz e insistieron en que los apresados no deben ser considerados como secuestrados —tal como insiste en llamarlo el gobierno— sino prisioneros de guerra ya que su captura se produjo durante un combate.
En la mañana de este domingo las FARC-EP anunciaron que el proceso de liberación avanza a buen ritmo, pero su celeridad depende de la disposición gubernamental.
Aunque ya lo habían denunciado en la última semana, la guerrilla volvió a criticar las precarias condiciones existentes en las cárceles de Colombia, principalmente para los prisioneros políticos o de guerra, los cuales —dijeron— sufren de la sobrepoblación de las prisiones, la violencia de los carceleros y el predominio de un panorama de hacinamiento, fetidez, suicidios, enfermedades infecciosas y la falta de atención médica para los reclusos.
La mesa de diálogo que desde el 19 de noviembre de 2012 está instalada permanentemente en La Habana se reiniciará el próximo 18 de febrero.
