Responsabilizan al Gobierno por masacre de campesinos en el norte colombiano

Los agricultores se sienten indignados por el fallecimiento de sus compañeros producto de la represión policial durante las protestas que llevan a cabo por el estado de abandono de la localidad y para exigir atención del Estado

Autor:

Juventud Rebelde

COLOMBIA, junio 26.— Campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), responsabilizaron este miércoles al Gobierno colombiano por la muerte de cuatro labriegos y las heridas causadas a cerca de 30 durante la represión ejercida por las fuerzas policiales contra la protestas en la zona.

La presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo afirmó que los agricultores se sienten indignados por el fallecimiento de sus compañeros producto de la represión policial durante las protestas que llevan a cabo por el estado de abandono de la localidad y para exigir atención del Estado.

Campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), responsabilizaron este miércoles al Gobierno colombiano por la muerte de cuatro labriegos y las heridas causadas a cerca de 30 durante la represión ejercida por las fuerzas policiales contra la protestas en la zona.

La presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Gilma Tellez, afirmó que los agricultores se sienten indignados por la muerte de sus compañeros de lucha durante las manifestaciones que llevan a cabo para exigir la atención del Estado por el abandono que sufre la localidad. «Culpamos al Gobierno por esta clase de atropellos», señaló.

«Responsabilizamos al Estado de masacrarnos, el Ejército le disparó a los campesinos para que se desmovilizaran», reiteró Tellez en entrevista para teleSUR.

«Como campesinos pedimos las cosas dignamente, desde hace 70 años se explota el petróleo en el Catatumbo y no tenemos vías. Nosotros estamos en miseria mientras las transnacionales siguen explotando nuestros recursos», sostuvo.

De igual manera, aseguró que irán hasta las últimas consecuencias. No obstante, aclaró que los labriegos tienen la disposición de dialogar y no se ha podido llegar a ningún acuerdo, pues «todavía no se ve ninguna respuesta por parte del Gobierno (...) Ellos quieren instaurar la mesa únicamente con sus condiciones y no toman en cuenta las de los campesinos».

La víspera, el ministro de Interior colombiano, Fernando Carrillo, afirmó que el Gobierno instalaría la mesa de negociación en el Catatumbo «cuando las condiciones de seguridad lo permitan».

Tras un encuentro en la Casa de Nariño -sede de la Presidencia- con siete alcaldes de esa zona de Norte de Santander, el gobernador de esa región y el presidente Juan Manuel Santos, Carrillo subrayó que en la mesa de concertación «solo se discutirán los temas puntuales sobre condiciones sociales del área afectada y con los voceros legítimos de las comunidades», según reseñó un diario local.

Este martes, la coacción por parte de las fuerzas de seguridad colombianas en el municipio de Ocaña causó dos muertes y al menos 13 campesinos resultaron heridos, cuando los agricultores se dirigían por el sector Aguas Claras del Catatumbo para manifestar sus reclamos.

Más temprano, los labriegos habían denunciado la militarización de esa zona, como parte de la política represiva emprendida por Santos, que el pasado sábado cobró otras dos vidas y dejó más de 16 personas heridas.

Sobre ese aspecto, Tellez indicó que «es una política que tiene el Gobierno en contra de los campesinos (…) Ellos no tienen en cuenta que como civiles trabajamos dignamente, ellos se niegan a reconocer nuestro trabajo».

Desde el pasado 11 de junio, tensas jornadas viven los agricultores que salieron a la calle a exigir la definición de una Zona de Reserva y la sustitución gradual de cultivos ilícitos mediante proyectos productivos sostenibles.

Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia de Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.

«Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia», apunta el texto.

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