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Humberto de la Calle desestimó las exigencias de las FARC-EP. Autor: El Mundo Publicado: 21/09/2017 | 05:36 pm
Con declaraciones de ambas partes, centradas en sus posiciones antagónicas con respecto a la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y el aplazamiento del período electoral, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano, iniciaron este lunes un nuevo ciclo de diálogo.
Para las FARC-EP una Constituyente donde se refrende para la posteridad lo que se acuerde en La Habana, serían «esperanza y certeza de paz y de ella depende —reiteran— «la solución política o la guerra».
Desde que se iniciaron las deliberaciones en torno al segundo punto de la agenda que siguen las partes, referido a la Participación Política, el grupo guerrillero ha insistido en la necesidad de revalidar legalmente el acuerdo que podría firmarse. Petición que ha sigo insistentemente negada por el Ejecutivo del presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Iván Márquez, jefe de la delegación insurgente a la mesa de negociaciones, leyó el texto guerrillero donde nuevamente explica los argumentos que sustentan su exigencia. Según afirma, la Constituyente generaría un espacio para la construcción de la paz sobre bases sólidas. «La paz debe ser una política de Estado».
En su turno, el representante gubernamental en La Habana, Humberto de la Calle, fue enfático al declarar que no se hablará de otros temas ajenos a la hoja de ruta pactada y defendió la Constitución actual, vigente desde 1991, la cual es —aseveró— el marco garantista que ya existe. Aunque reconoció que contiene algunas fallas.
«No se trata de ninguna manera de reestructurar el Estado, sino de aprovechar la oportunidad que significa el fin del conflicto para vigorizar nuestra democracia», puntualizó de la Calle en su declaración y sin responder a preguntas a la prensa.
Como una manera de garantizarle a las FARC-EP su ingreso en política, el jefe negociador recalcó que la guerrilla debe abandonar las armas para garantizarle al estado «su seguridad y para que hagan oposición dentro de la legalidad».
Otro de los temas en los que hizo énfasis el grupo insurgente fue en la valía de aplazar las elecciones de 2014 por uno o dos años aspecto que, aseguran, está incluido en la legislación actual. Esto «salvaría el proceso de maledicencias y suspicacias que podrían vincularlo con aspiraciones electorales de índole personal».
El Gobierno, que rechaza de plano esas propuestas, advirtió que en el tema sobre participación política, solo se discutirá lo marcado en la agenda acordada para la negociación y cualquier otro tema que se proponga por fuera de esta agenda forma del ideario guerrillero que podrían «someter a la consideración de los colombianos si hacen el tránsito a la democracia».
Tal como hicieran durante las discusiones del primer punto de la agenda en torno al tema agrario, la guerrilla ha puesto a consideración del pueblo colombiano diez propuestas mínimas que enriquecerían las deliberaciones.
En atención a las «múltiples inquietudes, apresuradas incomprensiones y descalificaciones de sectores políticos sobre estas proposiciones», la guerrilla presentó una guía metodológica donde evidencian que cada una de las propuestas, «se ciñen al espíritu y la letra de lo pactado para dar inicio a los diálogos de La Habana».
Instado por la prensa a pronunciarse respecto a recientes declaraciones del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien el viernes último afirmó que si el requisito para que sigan las negociaciones es una Asamblea Nacional Constituyente, lo mejor sería levantarse de la mesa, Márquez calificó de «guerrerista» la declaración y mostró su esperanza de que el país le dé la espalda a esa propuesta.
Al final de su declaración de inicio de ciclo, la insurgencia llamó al Gobierno a escuchar a los campesinos del Catatumbo, a no reprimirlos, asesinarlos ni judializarlos con el montaje de que son guerrilleros, denunció.
Miles de campesinos de esa zona colombiana le reclaman al Ejecutivo gubernamental, desde el pasado 10 de junio, que se suspenda la orden de erradicación manual de hoja de coca en la zona o que se adopten alternativas a esos cultivos, así como el establecimiento de Zonas de Reserva Campesina y el fin de los grandes proyectos de minería y agroindustria.
Las FARC-EP han apoyado reiteradamente las protestas y rechazado la brutalidad del Ejército en la represión de las marchas.
