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BOGOTÁ, julio 25.—La Corte Constitucional de Colombia evalúa este jueves el Marco Jurídico para la Paz, que busca regular procesos de desmovilización, y su eventual aplicación si el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firman en La Habana un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.
Según reportes de Telesur, los nueve magistrados del Alto Tribunal tienen que decidir si esta herramienta de justicia transicional, que reforma la Constitución de 1991 en cinco de sus artículos, se ajusta o no a ese texto.
Tras la aprobación del acto legislativo en el Congreso colombiano en junio de 2012, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo cuestionó tres expresiones del texto que a su juicio podían dar pie a que delitos cometidos por actores del conflicto quedaran en la impunidad.
Por este motivo, en diciembre pasado presentaron una demanda ante la Corte para declararlo inconstitucional, lo que llevó al tribunal a convocar la audiencia que comienza este jueves y en la que de forma excepcional participa el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para defender este marco legal.
Según los demandantes el pilar fundamental sustituido es el deber del Estado colombiano de garantizar los derechos humanos y en consecuencia investigar, juzgar, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Lo que estudiaran es si ese deber se viola cuando se permite que el Estado colombiano solo investigue y juzgue algunos de los responsables de algunas violaciones, y si esa autorización sustituye o no la Constitución.
De igual manera, argumentan que, al no investigar a todos los que cometieron graves violaciones de los derechos humanos, el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana puede caerse por futuras demandas de víctimas.
Santos es el segundo presidente colombiano que comparece a la Corte Constitucional para dar explicaciones sobre una reforma a la Carta Magna, después de que lo hiciera su antecesor Álvaro Uribe en defensa de la reforma constitucional que cambió las normas electorales y permitió su reelección en 2006.
La audiencia girará en temas claves como cuáles son los límites de la justicia transicional, cuáles los derechos de las víctimas, y cuáles las obligaciones del Estado en el juzgamiento de graves violaciones de los derechos humanos.
El origen de la controversia está en los principios de «priorización» y «selección» que contempla el Marco Jurídico para la Paz para investigar los delitos cometidos por miembros de grupos armados ilegales como guerrillas y paramilitares, así como agentes del Estado durante la confrontación armada.
Esto implica que la Justicia colombiana definirá el orden en que será revisado cada caso y los legisladores determinarán contra quiénes se procederá penalmente y a qué actores se les concederá la renuncia a la persecución penal por ser menos responsables.
El Gobierno, que fue promotor de la iniciativa antes de que se dieran a conocer sus negociaciones con las FARC, ha argumentado que investigar y procesar a los responsables de 304 000 hechos denunciados tomaría unos 100 años.
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, han rechazado públicamente este marco legal.
