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ONU, garante de diálogo entre gobierno colombiano y mineros

Organizaciones mineras señalaron la importancia del acompañamiento de esa oficina en el esfuerzo por llegar a un acuerdo entre las partes a través del diálogo

Autor:

Juventud Rebelde

BOGOTÁ, agosto 5.—Dos funcionarios de la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos actuarán como garantes en la mesa de negociaciones entre el gobierno y los mineros en paro desde hace 19 días, en pro de un acuerdo para finalizar la huelga, reporta Prensa Latina.

En una reunión entre la Confederación Nacional de ese sector (Conalmineracol) y el representante de Naciones Unidas en el país, Todd Howland, se planteó  el derecho al trabajo de los mineros tradicionales, reconocido durante años por el gobierno.

Se reiteró, además, la importancia del acompañamiento de esa oficina «aceptada en la mesa que se constituyó con el Gobierno para lograr un acuerdo entre las partes», refirió en entrevista Luz Estella Ramírez, dirigente de la organización .

El balón está ahora del lado de las autoridades, agregó, ellos dirán si continuamos y nos sentamos nuevamente a negociar, pero mientras nos mantenemos en paro.

Nunca nos hemos negado de modo tajante a negociar, pero no podemos permitir que «nos impongan un acuerdo a contravía de la resolución que el mismo gobierno sacó de la mesa», enfatizó.

El presidente de Conalminercol, Ramiro Retrepo, subrayó que uno de los puntos neurálgicos en la negociación es el decreto que autoriza a la fuerza pública a destruir la maquinaria de los mineros informales que ejercen esa actividad sin título y sin licencia.

Señaló que en lo concerniente a un protocolo que permita proteger a los mineros informales reconocidos, les preguntaron a las autoridades si se recogería en un decreto, una resolución o una directiva del Ministerio de Defensa, pero no obtuvieron respuesta alguna.

Portavoces de ese sector habían llegado a un preacuerdo con el equipo técnico. Los reclamos de los mineros artesanales se concentran en 15 puntos, entre estos la anulación del decreto 2235, que otorga a la fuerza pública la facultad de destruir la maquinaria y los equipos de quienes ejercen la actividad sin título ni licencia.

A ello se unen la creación de áreas de minería especial para comunidades ancestrales dedicadas a esta labor «desde hace 500 años», la redacción de un nuevo decreto de legalización y formalización no tan excluyente como el actual y el desarrollo de una minería responsable y sostenible.

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