Piden las FARC-EP legalizar estatus social y político de comunidades marginadas

Las FARC-EP propusieron la constitución de un poder popular con la inclusión de esos sectores. La futura institución estaría reconocida constitucionalmente y basada en los principios de autonomía y soberanía

Autor:

Yailé Balloqui Bonzón

En un nuevo lote de propuestas mínimas para la garantía de la participación política y social de las comunidades más marginadas en Colombia, las FARC-EP propusieron la constitución de un poder popular con la inclusión de esos sectores.

En su alocución de cada mañana, la insurgencia explicó que la futura institución estaría reconocida constitucionalmente y basada en los principios de autonomía y soberanía. La conformarían —dicen— sectores sociales y populares, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres, jóvenes, trabajadores asalariados y trabajadores informales, entre otros.

Específicamente para el campesinado y en aras de garantizar su inclusión política y social, las FARC-EP proponen crear la jurisdicción electoral especial campesina para el Senado y la Cámara Territorial, los cuales reconocerán tres curules en el primero y cinco para el segundo.

En el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes se propone el incremento a tres curules en cada caso para el Senado. En la Cámara Territorial el aumento de los asientos será hasta cinco.

En opinión de la insurgencia, este poder se funda en la aspiración del ejercicio real de la democracia, así como en el reconocimiento de la capacidad del pueblo para atender asuntos prácticos y tomar parte en definiciones políticas, económicas y sociales, entre otras.

El grupo insurgente propone además la realización de una campaña de cedulación masiva e inscripción en el registro civil de nacimiento, así como la depuración del censo electoral.

En marzo y mayo de 2014 están previstas en Colombia elecciones legislativas y presidenciales, respectivamente, además de la posible realización de un referendo impulsado por el presidente Juan Manuel Santos para que la ciudadanía se pronuncie sobre un eventual acuerdo de paz con las FARC-EP.

Estas propuestas harían viable la participación electoral y el acceso y la exigibilidad de los derechos definidos constitucionalmente de las comunidades menos favorecidas y que, hasta el momento, no cuentan con los medios legales para hacer valer sus derechos.

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