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EE.UU. en crisis de derechos humanos

La campaña se llama NoOneMoreDeportation y tiene el objetivo de parar las detenciones y las deportaciones de inmigrantes mediante acciones de desobediencia civil y a la vez presionar para que Washington apruebe una promesa no cumplida: la reforma migratoria

Autor:

Juana Carrasco Martín

«Yo sé que los republicanos están bloqueando la reforma migratoria, pero es el presidente Obama quien tiene poder para detener las deportaciones». Las declaraciones de Pablo Alvarado, director ejecutivo del National Day Laborer Organizing Network (NDLON), a la cadena televisiva NBC Latino, pusieron el dedo en la llaga. La realidad es que durante la administración del mandatario demócrata han sido expulsados del país un número récord de inmigrantes indocumentados al punto que Alvarado lo califica de «crisis de derechos humanos», pues se trata de un promedio anual sin precedentes de 400 000 personas puestas al lado sur de la frontera, alrededor de mil deportados diarios.

El tema de la reforma migratoria también fue prácticamente  excluido del Congreso de Estados Unidos por el empuje de la fuerte controversia que se produjo entre demócratas y republicanos con el techo de la deuda pública, una puja que puso al país imperial al borde del default o impago, paralizó al Gobierno federal durante 16 días, y contribuyó un poco más al descrédito de Washington ante el mundo.

Sin embargo, en ese lapso, las acciones de lucha de los inmigrantes no cesaron: mantuvieron la campaña de desobediencia civil y continuaron su clamor contra los inhumanos encarcelamientos y las deportaciones que separan dolorosamente a familias.

En Arizona, uno de los estados limítrofes con fuertes operativos contra los indocumentados y también para impedir el cruce de frontera que incremente esa población, siete activistas se encadenaron a las rejas del Centro de Detención Eloy, una de las cárceles privadas del país, propiedad de la Corrections Corporation of American (CCA).

Tomás Martínez, integrante de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos y uno de los encadenados, alegó que «detrás de esos muros hay miles que son separados de sus familias y de la mejor vida que vinieron a buscar aquí. Para Washington, los detenidos son solo un número, pero para nosotros, la gente dentro de Eloy son nuestras hermanas y hermanos».

María Guadalupe Crespo, María Cruz Ramírez, Narciso Valenzuela Siriaco, José Francisco Rincón Coutino, Tomás Martínez, Alfredo Carrera González, y Rodrigo Guzmán son los siete que denunciaron la política del Centro Eloy de cumplir sus metas de detenciones de forma tal que aumenten las ganancias, en lo que constituye un lucrativo negocio para el consorcio carcelario CCA.

El grupo desenmascaró también los argumentos de la actual administración estadounidense que insiste en que solo son sometidas a deportación personas que han sido convictas por crímenes serios y violentos, y por tanto constituyen «una amenaza a la seguridad pública», pero los activistas de derechos humanos defensores de los inmigrantes aseguran que los registros del Gobierno revelan que también son perseguidos quienes han cometido contravenciones o delitos menores. Un estudio de la organización TRAC Inmigration les da la razón a estos, pues revela que apenas el diez por ciento de los detenidos corresponden a ese criterio de «amenaza a la seguridad pública nacional». Por supuesto, una buena parte de los apresados para su deportación ni siquiera han cometido o han sido condenados por delito alguno.

Este grupo de los siete activistas a favor de la ley migratoria ya había realizado una acción de protesta similar el 18 de septiembre pasado, cuando se encadenaron a las rejas de la Casa Blanca. Entonces, María Cruz Ramírez —madre de tres jóvenes indocumentados— expuso claro sus razones: «Cuando nuestra comunidad pierde el miedo, somos capaces de hacer cualquier cosa. Mis hijos me enseñaron esto. Hasta que el Presidente detenga las deportaciones, comenzaremos a detenerlas por nosotros mismos. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué podemos hacer si la Oficina de Inmigración y Aduanas viene y te lleva a tus seres queridos?».

Sus temores de deportación son personales y los explicaba: «Yo tengo que luchar por el futuro de mis hijos, y por mi  futuro. Sé que trabajando por apoyarlos, estoy en riesgo de ser detenida y enviada a deportación. Yo no quiero ser separada de mis hijos, por eso estoy aquí luchando por mi futuro. La parte más dura de trabajar contra las deportaciones es encontrarte con tu familia y ver cómo sufren tus hijos. Pero tu corazón no puede dejar que esto pase. Lo más bello es ver cuando una persona que ha sido detenida es puesta en libertad y se reúne con su familia».

Un Obama atrapado

El martes 15 de octubre, cuando su Gobierno estaba apenas a 48 horas del colapso presupuestario, el presidente Barack Obama dijo a la cadena televisora hispana Univisión: «Una vez que se resuelva eso, el día después, voy a estar presionando para que se vote por una reforma migratoria», y al menos lo volvió a repetir en su discurso del jueves, cuando ya Washington y hasta una parte del mundo respiraban con cierta tranquilidad con el plazo hasta febrero de 2014 que le otorgaba el acuerdo logrado tanto en el Senado como en la peleona Cámara de Representantes, donde los  congresistas del Tea Party en la extrema derecha del Partido Republicano habían abonado la crisis.

Lo cierto es que este último encontronazo, fue uno más de los obstáculos interpuestos en la reforma migratoria, y que un comentario de la agencia Reuters registraba en el segundo mandato presidencial junto con las revelaciones de los programas de espionaje mundial realizados por la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU., y el tema del supuesto empleo de armas químicas por el Gobierno sirio.

Esos fueron los tres mayores problemas que relegaron a la legislación que podría tranquilizar la vida a 11 millones de personas residentes en Estados Unidos tratando de cumplir «su sueño americano», pero que no poseen los papeles que le darían legalidad.

También en este caso la trifulca se centra en la Cámara Baja del Capitolio de Washington, porque el Senado logró un acuerdo de reforma migratoria en junio pasado. Nuevamente los republicanos de la Cámara de Representantes están divididos en el tema y su ala más conservadora se niega a abrirles las puertas a esas personas, muchas de las cuales llevan años residiendo en EE.UU., han formado familia, han visto nacer y crecer a sus hijos, y también han enfrentado todo tipo de discriminación y exclusión.

A decir verdad, Obama no tiene todo el camino despejado en su administración, y todavía puso a la reforma migratoria en el segundo lugar de las prioridades. La primera es alcanzar una solución a largo plazo para la deuda pública, y en tercer lugar mencionó una ley agrícola. Tres huesos duros que afectan a la economía estadounidense, y que serían como la triada de deseos que el mandatario demócrata le presentaría a su hada madrina, de existir estas, para ver sus sueños hechos realidad, es decir lograrlas convertir en ley, antes de fin de año.

Obama parece que aprendió una lección de la puja y está más dispuesto a negociar con sus adversarios políticos, lo que también implicaría ceder o hacer concesiones en las leyes que propone. Tras apuntar que la mayoría de los estadounidenses están a favor de la naturalización de los indocumentados apuntó que «si la Cámara tiene ideas sobre cómo mejorar la versión del Senado, escuchémoslas. Comencemos las negociaciones. Pero no dejemos que este problema continúe enconándose por uno, dos o tres años más. Esto puede y debe hacerse antes de fin de año».

Quizá la posición conciliatoria que asumió John Boehner, presidente de la Cámara y líder de la mayoría republicana en ella, durante el fuerte debate sobre la deuda, pueda lograr el avance en el tema migratorio, pero lo cierto es que en julio pasado la Comisión jurídica de ese cuerpo legislativo aprobó proyectos de ley de corte restrictivo a la inmigración ilegal, un antecedente de lo difícil de las negociaciones en este ámbito y por el cual se prevé que la reforma migratoria puede seguir en un limbo semejante al del proyectado y nunca concretado cierre del campo de concentración de la Base Naval de Guantánamo, otra ilegalidad que cometen en el territorio cubano, arbitrariamente ocupado desde hace más de una centuria.

Según publicaba la agencia noticiosa AP hace unos pocos días, el mismo Boehner ha dicho que solo someterá a votación el proyecto de reforma migratoria conocido como la iniciativa S-744 cuando cuente con el apoyo mayoritario de 233 miembros de su bancada, una meta impuesta por la llamada «regla Hastert», según la cual no se lleva a votación ningún proyecto que no tenga el apoyo de la mayoría de los miembros de su partido.

Por supuesto, esta meta pudiera considerarse casi inalcanzable, pues hasta ahora los demócratas auspiciadores de la legislación liberadora no han recibido el apoyo de republicano alguno; por tanto, la amenaza de default del Gobierno federal pudiera verse como un simple pretexto para no discutir este primordial derecho humano, y la posición de Boehner como un obstruccionista. Para aprobar la ley se necesitarían 218 votos en total, la mitad más uno.

Sin embargo, mientras Estados Unidos perdía el sueño por el presupuesto del país, los luchadores por la reforma migratoria salieron a las calles —lamentablemente sin apenas reflejo en la gran prensa estadounidense y menos aún en los medios mundiales—, para presionar a un Congreso que no les hizo el más mínimo caso, a pesar de que el sábado 5 de octubre fueron decenas de miles los que se concentraron en al menos 160 ciudades en 41 de los 50 estados de la Unión, y a pesar de que unos días después ocho congresistas demócratas fueron arrestados por participar en la acción que interrumpió el tránsito frente al Congreso y, por tanto, la manifestación se convirtió en un «delito» para otros 200 participantes que también fueron detenidos por las fuerzas policiacas.

Así están las cosas. Obama ha sido incapaz de cumplir una promesa que le llevó por segunda ocasión a la silla presidencial, y los 11 millones y medio de indocumentados que viven en EE.UU. no pueden acceder al status legal que ansían y merecen. Boehner da la callada por respuesta y Estados Unidos, una vez más, está en crisis de derechos humanos.

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