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CARACAS, Venezuela.— La nueva ofensiva económica lanzada por el Gobierno Bolivariano para luchar contra la especulación y el acaparamiento —dos fenómenos que golpean a este país— ha encontrado otra vez la resistencia de los consorcios mediáticos y de sectores político-empresariales de la derecha.
Tal reacción, aunque esperada, no deja de inquietar porque implica un llamado solapado al caos, a la violencia y a la ingobernabilidad, una vieja arma no desgastada aún de la oposición, en un escenario tan complejo como el venezolano.
Inmediatamente después de las acciones anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, la noche del domingo, varios medios de la prensa plana, la radio y la televisión dejaron entrever que el Gobierno estaba «estimulando», con sus necesarias intervenciones forzadas, el saqueo en las tiendas de equipos electrodomésticos y otros comercios. También acusaron veladamente al ejecutivo de las largas colas de personas ansiosas por adquirir productos que estaban antes a precios a la altura del cielo y que la dirección de la Revolución Bolivariana hizo bajar a la tierra en estos días.
Uno de los episodios que más ha tratado de explotarse fue el acontecido en la tienda Daka de Naguanagua, en el estado central de Carabobo, en la que algunos individuos rompieron vidrieras y trataron de llevarse electrodomésticos. Ciertos medios, en vez de llamar a la calma y a la comprensión de las medidas económicas, señalaron que, a partir de este momento, se acercan tiempos de «vidrios rotos». Además, han tratado de posicionar la palabra saqueo en el discurso periodístico de cada día.
Pero, como bien apuntaba Maduro el domingo, habría que preguntarse quién es el saqueador: «¿El que vende un televisor de 3 000 bolívares a 50 000 bolívares? ¿O el que sale a comprar a precios justos en una tienda intervenida por el Estado?».
De tal suerte, en muchos casos ha sido ignorada la verdadera justificación de las intervenciones o del operativo de inspecciones en los comercios contra la especulación y la usura, que proseguirá en rubros prioritarios como electrodomésticos, ferreterías, juguetes, textil y vehículos. Poco se comenta que en la práctica un grupo del empresariado obtiene estos productos en el extranjero con dólares propiciados por el propio Gobierno —mediante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)— y que luego ese privilegiado segmento los revende en el país hasta al 1 200 por ciento por encima de su costo calculado.
Tampoco los medios han enfatizado, por ejemplo, que varias de las personas que provocaron el desorden en Carabobo ya fueron detenidas para presentarlas ante los tribunales. En cambio, sí se hacen eco del arresto de cinco gerentes de las tiendas especuladoras, a quienes —en ocasiones de modo no disimulado— muestran como víctimas.
Los esfuerzos «informativos» se centran en presentar las dimensiones de las colas, el tiempo de espera, los turnos y la venta ilegal de estos; las reacciones «violentas» de los compradores, el estado de inquietud o de zozobra ciudadana.
Esos propósitos se engranan perfectamente con las voces del empresariado burgués que ya ha «advertido», entre otras cosas, que se debe realizar un «debido proceso» a los gerentes usureros. Jesús Irausquín, presidente de la empresarial Fedecámaras en el estado de Nueva Esparta señaló, digamos, según el periódico El Nacional, que «condenamos cualquier acto de anarquía, por eso hacemos un llamado a la calma y al respeto de la inversión privada». Más adelante remató: «Esto le hace daño al país».
Pero en el fondo de todo subyace una postura política, como subrayó el Presidente el domingo. Es el deseo de derribar un Gobierno y un proyecto. «No hay razones económicas para los fenómenos de escasez y de abultamiento vulgar de precios que tenemos en la economía real. No son económicas; no es por falta de entrega de divisas. La razón principal es política; es la naturaleza del capital», expuso el mandatario.
Precisamente por eso, la nueva carta a la que ha apostado la dirigencia de la Revolución puede ser crucial para el destino de la República Bolivariana de Venezuela. Perder la batalla implicaría una regresión de nefastas consecuencias. Entonces el camino del triunfo —no del triunfalismo— y de la esperanza debe preservarse en el complicado horizonte.
