Esperan clínicas portuguesas incremento de abortos de españolas

Varias instituciones de salud confirman que las españolas están llamando para informarse sobre su servicio, que otorga a todas las mujeres los mismos derechos para abortar, independientemente de su país de origen

Autor:

Juventud Rebelde

MADRID, enero 5. —Mujeres españolas comenzaron a llamar a clínicas portuguesas para informarse sobre la realización de abortos, ante la perspectiva de una ley muy restrictiva para la interrupción que se prepara, informaron este domingo medios regionales, reporta Prensa Latina.

En Multimédica Lusa, a un paso de Salamanca, confirman que las españolas están llamando para informarse sobre su servicio que otorga a todas las mujeres los mismos derechos para abortar, independientemente de su país de origen, asegura La Voz de Galicia.

Según la fuente, en Galicia, fronteriza con Portugal, el 82,4 por ciento de las interrupciones voluntarias de embarazos se realizaron entre 2010 y 2012 a petición de la mujer, algo que no permitirá la legislación propuesta por el gobierno conservador de Mariano Rajoy.

Según el anteproyecto de ley sólo podrán abortar embarazadas en caso de violaciones o peligro para la vida, pero quedan excluidas otras causales como malformación del feto.

En Portugal, en cambio, desde 2007 la ley permite el aborto libre hasta la décima semana de gestación, lo que convierte al país en una alternativa si el procedimiento queda restringido en España.

Ya clínicas privadas portuguesas tienen sus páginas web traducidas al castellano y ofrecen facilidades para las extranjeras.

Los críticos de la propuesta, que incluyen asociaciones de mujeres, partidos opositores y gobiernos regionales, consideran el proyecto discriminatorio, pues sólo quienes tengan dinero para viajar al exterior podrán abortar con seguridad o deberán hacerlo clandestinamente.

Cuando parecía una polémica sobrepasada, el aborto retornó al debate en España con un proyecto de ley que restringe las interrupciones de embarazo y en opinión de asociaciones de mujeres, hace retroceder 30 años al país.

La ley actual, aprobada en 1985, permite a las mujeres tomar la decisión libremente hasta la semana 14 de gestación, pero si la propuesta se aprueba sólo podrán hacerlo en caso de violación o riesgo para la salud física o mental.

Para la violación el plazo será de 12 semanas de gestación y deberá haber denunciado el hecho previamente. El riesgo para la salud física o psíquica tendrá un lapso de 22 semanas y además debe ser acreditado por dos médicos.

La nueva ley establece la objeción de conciencia de los profesionales que participen en el proceso de interrupción del embarazo, desde el diagnóstico hasta la intervención.

Una de las objeciones al proyecto es que no incluye entre las causales de aborto las anomalías en el feto, a lo que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón respondió: «Yo sí tendría un hijo con malformaciones graves; es una convicción personal».

Polémicas de una ley

De inmediato la propuesta del gobierno conservador de Mariano Rajoy recibió críticas de agrupaciones de mujeres, así como de partidos políticos y gobiernos regionales.

El rechazo incluso levantó olas dentro del gobernante Partido Popular (PP), las cuales aunque tímidas, llevaron a dirigentes parlamentarios de la organización a recordar a sus diputados que al presentar la candidatura aprobaron un programa que contenía esta propuesta.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) adelantó que en 2014 convocará a una cumbre europea para analizar el tema y los gobiernos de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazaron la iniciativa.

Particularmente la presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, quien adelantó la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, estima que la propuesta demuestra crudeza e insensibilidad y es contraria a los derechos y libertades de las mujeres.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara —como otros— expresó su extrañeza por la iniciativa, ya que el tema había sido asimilado normalmente por la sociedad, sin ninguna reclamación mayoritaria para cambiar la ley.

En su opinión, la propuesta es resultado de la presión de los sectores más conservadores, especialmente vinculados a la jerarquía de la Iglesia católica.

Coincidentemente, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al gobierno de cambiar la libertad de las mujeres por unos votos de extrema derecha.

Paralelamente los diputados de IU y sus aliados bajo la sombrilla de Izquierda Plural pidieron la presencia en las comisiones de Justicia y Sanidad, de los titulares de esas carteras, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, para explicar el alcance del anteproyecto de ley.

Para ilustrar lo que representaría la ley en términos de retroceso, sus críticos recuerdan que ni siquiera la derecha europea la apoya, con excepción del ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen.

Ahora por delante, además de la movilización social convocada por varias fuerzas, queda un debate parlamentario que se vislumbra ácido, si bien el gobernante PP cuenta con votos suficientes para pasar la moción.

Sin embargo, la aprobación de esta forma traería sin dudas un costo político para el partido que, una vez más, quedaría solo frente a la totalidad de la oposición española.

Tal vez por ello mismo el presidente del gobierno de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, una reconocida figura del PP, abogó por acercar posturas en el tema, para que la ley sea aprobada con el mayor consenso posible.

Algunas cifras

La reforma (calificada por algunos como contra-reforma) es criticada también por quienes consideran que discrimina a las mujeres con menos recursos económicos.

De aprobarse, advierten, regresará la práctica existente antes de la liberalización, cuando para abortar las mujeres viajaban a otros países de Europa, algo que indudablemente solo pueden hacer personas con un elevado nivel de ingresos.

 

Para las menos favorecidas queda la opción de volver a utilizar procedimientos ilegales, con el consecuente riesgo adicional, tal como era una práctica antes de entrar en vigencia la legislación actual.

Según cifras difundidas aquí, el número de interrupciones voluntarias del embarazo en 2012 fue de 112 390, cifra inferior en 5 859 a la de 2011, equivalente a un cinco por ciento.

En cuanto a motivos, 91,26 por ciento fue por voluntad propia; 5,67 por ciento por riesgo para la vida; 2,78 por ciento por anomalías del feto y 0,27 por ciento por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo advirtió que la nueva ley aleja a España de la realidad europea y las mujeres —además de perder un derecho básico— tendrán enormes dificultades en los procedimientos permitidos.

Un comunicado de la asociación expresó que, de aplicarse la ley, 6 372 mujeres que en 2012 abortaron por salud materna debían haberse sometido a un proceso legal, médico e ideológico de resultados inciertos.

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