Cuando la guerra comienza, quién la detiene

Enfundados en uniformes de camuflaje de los marines, el cuerpo cubierto con chalecos y otros aditamentos anti-balas, con las armas automáticas de servicio en la guerra, y patrullando en un MRAP (transporte artillado anti-minas, mejorado por las experiencias mortales en Afganistán e Iraq), la tropa arremetió contra la muchedumbre con bombas lacrimógenas, balas de goma y dispositivos sonoros que causan gran dolor. Sin embargo, no era la tropa de ocupación estadounidense en esos países en guerra, aunque se le pareciera, ni tampoco estaban a tantos miles de kilómetros de Washington.

Era la guerra en casa, en el propio patio, y también en este caso, del otro lado de la línea estaba la población civil que protestaba en Ferguson, una zona suburbana del condado St. Louis, en el estado de Missouri, donde fue asesinado por un policía blanco —Darren Wilson— el adolescente afroamericano Michael Brown, el pasado 9 de agosto.

Un suceso cotidiano en EE.UU., que solo saltó a los titulares precisamente porque se pusieron de pie exigiendo justicia los vecinos de ese poblado, donde más del 65 por ciento de sus 21 000 habitantes son afroamericanos y solo hay tres agentes negros, y la respuesta represiva que recibieron mostró la cara militarizada de la policía en Estados Unidos.

Que es una demostración de la persistencia del racismo en Estados Unidos, que una vez más se muestra la habitual práctica policiaca de juzgar por el color de la piel, procedencia o zona residencial del que detiene, cachea, humilla, violenta o encierra tras las rejas, eso es pan de cada día, pero se destapó ahora una preocupación que va creciendo entre la ciudadanía estadounidense: su democracia y sus libertades se achican a ojos vista, en un proceso que ha venido sedimentándose con el ejercicio regularizado y con leyes que le apuntalan desde hace más de medio siglo, aunque el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 lo potenció.

El investigador estadounidense, Radley Balko, en su estudio Rise of the Warrior Cop, muestra las estadísticas más evidentes de cómo Estados Unidos se convierte en un Estado militarizado.

En 1984 —vaya casualidad, la fecha que lleva por título la famosa y premonitoria obra de George Orwel sobre el totalitarismo— en el 26 por ciento de los pueblos cuya población oscilaba entre 25 000 y 50 000 habitantes, había una brigada SWAT (acrónimo para Special Weapons and Tactics-Armas y Tácticas Especiales). Para el año 2005 ese número había alcanzado al 80 por ciento en urbes de esas características demográficas. Por supuesto, son muchos más los equipos SWAT con que cuentan las ciudades de mayor población.

Como es de esperarse, nada se hace por nada, así que a mayor número de unidades SWAT o policía militarizada, ha crecido también su empleo.

El profesor Pete Kraska, de la Escuela de Estudios Jurídicos de la Universidad de Kentucky, también especialista en el tema, afirma que ahora cada año hay aproximadamente 50 000 raids ejecutados por los SWAT, lo que implica que aproximadamente cada día son asaltados por la policía 137 hogares. Operativos en los que se aterroriza no solo a quienes habitan en las viviendas asaltadas, también a la comunidad a su alrededor.

De acuerdo a las ordenanzas, en sus deberes o funciones está confrontar a delincuentes fuertemente armados, rescatar a rehenes y efectuar operaciones de contra-terrorismo, así como arrestos de alto riesgo y romper barricadas. Para eso son sus ametralladoras, fusiles de asalto, pistolas y municiones de alto calibre, fusiles de francotiradores, equipos para el control de amotinados y granadas para golpear, sofisticados equipos ópticos de visión nocturna, y detectores, entre otros.

Quizá uno de los hechos más connotados de los últimos tiempos de la actuación violenta y fuera de lugar de los equipos SWAT se dio en los días finales de mayo de este año, en el condado de Habesham, estado de Georgia, en un raid en busca de drogas en el que la policía militarizada lanzó una granada que hizo impacto en la cuna de un bebé de 19 meses, de la familia Phonesavanh —provocándole graves lesiones que lo mantuvieron en estado de coma—, mientras otras dos niñas del matrimonio eran mantenidas contra el piso a punta de las armas del team SWAT.

El pequeño Bounkham, a quien cariñosamente llaman Bou Bou, lloraba de dolor y miedo y los agentes no le permitían a su madre acercarse, por el contrario, le decían que todo estaba bien… Esa mentira se repitió cuando las autoridades del condado aseguraban a la prensa que se harían cargo de los gastos del hospital, porque la familia no tenía seguro médico, y recién en este mes, el diario británico Daily Mail on line informaba: Las autoridades rehúsan pagan la cuenta médica de 800 000 dólares.

Los SWAT y un poco de su historia

En los años 60 y comienzos de los 70, cuando fueron in crescendo las manifestaciones contra la incrustada segregación racial, que se dieron la mano con las multitudinarias protestas contra la guerra en Vietnam, fue la Guardia Nacional (GN) de cada estado norteamericano la que impuso su presencia militar para reprimir un sentimiento antirracista y antibélico nacional. De aquellos años, quedan en la memoria, grabadas a sangre y fuego, las imágenes de los cuatro estudiantes asesinados en la Universidad de Kent, el 4 de mayo de 1970, cuando tropas de la GN dispararon contra una manifestación antibélica.

Se afirma que fueron los departamentos de policía de Filadelfia (en 1964) y de Los Ángeles (1967), los que primeros emplearon teams de policía militarizados, unidades élites que fueron copiadas rápidamente por las mayores ciudades del país para enfrentar a quienes comenzaron a ser tratados como «una amenaza», como «el enemigo».

En 1990, estando en el ejercicio legal el 101 Congreso de EE.UU., el Estado encontró a lo interno otro adversario peligroso, crecía en las calles un mal grande que perdura y del que no era ajeno totalmente: las drogas, tráfico, venta, consumo…, Los legisladores tomaron una decisión que significó parte importante de la génesis de la militarización policiaca de Estados Unidos: la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que en su sección 1208 permitía al Secretario de Defensa «transferir a las agencias federales y estaduales propiedad personal del Departamento de Defensa, incluidas armas y municiones de pequeño calibre, que esa secretaría determinara que eran adecuadas para ser usadas por esas agencias en actividades antidrogas y eran excedentes del Departamento de Defensa.

Llamado habitualmente Programa 1208, fue reemplazado apenas dos años más tarde con la sección 1033, y a 18 años de esa enmienda de la legislación está en plena vigencia.

Como decía un artículo reciente de la revista Newsweek, «la idea fue que si EE.UU. quería que su policía actuara como guerreros antidrogas, debían ser equipados como guerreros», así le han entregado equipos por valor de 4,3 billones de dólares.

Específicamente, el Departamento de Policía del condado de St. Louis, responsable de los sucesos en Ferguson, recibe cada año equipos por 160 millones de dólares, que no tiene que pagar, porque es la «donación» de lo que se supone son excedentes del Pentágono. Por supuesto, no son para exhibición, sino para su empleo en tácticas militares de enfrentamiento al delito y a los «sospechosos».

No son muchas las especificaciones, porque la Agencia Logística de la Defensa (DLA), que coordina esas donaciones del Pentágono a los Departamentos de Policía de las ciudades incluidas en el programa 1033, se rehúsa a dar información sobre el armamento que suministra y a cuál agencia, departamento o ciudad.

Pero se conoció que el condado de St. Louis ha adquirido nueve carros MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected-Resistente a emboscada con mina es el significado de esa sigla-), cuyo costo para el Pentágono es de 733 000 dólares. Hasta donde se sabe, en Ferguson, en St. Louis, y en todo el estado de Missouri nadie ha puesto una mina en el camino de ningún MRAP, ni siquiera de un carro patrullero habitual o de un policía del vecindario…

Por supuesto, los sucesos de Ferguson destaparon esta olla, y el Programa de Excesos de Propiedad del Pentágono, nombre oficial del Programa 1033, está bajo escrutinio público y de los grupos de derechos civiles, no así de las autoridades del país, y el Departamento de Defensa lo resguarda y patrocina a capa y espada, porque —al decir del almirante John Kirby, secretario de prensa del Pentágono—, asiste a la policía de Estados Unidos en operaciones antidrogas y anti-terroristas que forman parte del «derecho» de proteger a la patria», informaba el diario The Washington Post.

Solo en 2013 sus «donaciones» de material bélico alcanzaron los 449 millones de dólares, y ya hay dudas también sobre tanta generosidad, que significa en realidad otro buen negocio para la industria militar.

Alternet.org enjuiciaba que esas corporaciones están vendiendo en abundancia gas lacrimógeno, blindados de transporte, cañones de sonidos, fusiles de alto calibre y sus municiones, bombas de humo, balas de goma y mucho más de la parafernalia ahora también policiaca.

Estados Unidos está empeñado en muchas guerras y parece ser que también está listo para hacerla en su propio patio con las mismas armas y agresividad que emplea en Iraq y en Afganistán, y en aquellas que ni siquiera reconoce como suyas, pero también lo son.