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Protestas realizadas en todo México por los estudiantes desaparecidos. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 05:57 pm
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que asesorarán en la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, tras una agresión policial, emitirán sus recomendaciones en un plazo de tres meses, reporta Telesur.
«En los tres meses primeros ya tendrán que estar emitiendo sus recomendaciones», señaló el pasado lunes, Emilio Rabasa, embajador mexicano ante la Organización de los Estados Americanos.
«Estas serán tomadas por el Estado para fortalecer sus capacidades institucionales para enfrentar el delito de desaparición forzada», añadió.
El equipo de expertos tendrá un mandato de seis meses, que puede ser renovable en acuerdo entre la CIDH, un ente autónomo de la OEA, el Estado mexicano y las organizaciones civiles que representan a los familiares de los jóvenes desaparecidos, señaló Rabasa.
El acuerdo de asistencia se oficializa este martes.
En tanto, un juzgado federal inició un proceso penal contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala. El Consejo Federal de la Judicatura informó que se acusa a Abarca de delitos de delincuencia organizada, el secuestro de siete personas y el homicidio de otra más.
La Procuraduría General de la República considera a Abarca el autor intelectual de las seis muertes y las 43 desapariciones que tuvieron lugar en Iguala, el 26 de septiembre, pero el proceso que se inicia ahora es por crímenes anteriores.
Las autoridades federales de México aún no han identificado a los responsables que trasladaron y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (sur).
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo deber es encargarse de defender y promover los derechos humanos, sin embargo, en los últimos años, su rol ha sido cuestionado por los Gobiernos progresistas en vista de su doble moral y su defensa de los intereses estadounidenses. Sin embargo, se vislumbra como la única opción de justicia para el caso Ayotzinapa, según los mismos familiares han expresado.
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