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Tal y como ya habían anunciado hace dos meses atrás, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, continuaron las labores de desminado en zonas críticas de esa nación sudamericana y, de acuerdo con informes ofrecidos a la prensa, iniciaron el pasado 13 de julio la tercera fase del plan.
A través de un comunicado conjunto, las partes anunciaron en La Habana que las labores se centran en la vereda El Orejón, perteneciente a la región de Antioquia, en las que se halló una mina cada 135 metros cuadrados.
En esta tercera fase, también denominada «Limpieza y descontaminación» participan el Batallón de Desminado del Ejército (Bides), acompañado de delegados de la guerrilla, la organización Ayuda Popular Noruega (APN) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como miembros de los países garantes en el proceso, Cuba y Noruega.
En la zona, calificada como «altamente compleja» por lo escarpado del terreno y el factor climático, se identificaron tres áreas peligrosas que suman 12 500 metros cuadrados, lo que se convierte —apuntaron— en un gran desafío por el alto volumen de contaminación.
En el texto, las partes reconocen el lamentable fallecimiento de un soldado del Bides, razón por la que se revisan los protocolos de seguridad e incluyen nuevas técnicas para evitar accidentes futuros.
Se explica además el conocimiento aportado por los delegados de las FARC-EP sobre áreas contaminadas, pero —agregaron—, pese a las dificultades, el proyecto ha avanzado, ya están listos los caminos para que ingresen los barreminas al igual que la marcación de varios sitios.
Las tareas de desminado se unen a las tomadas por las partes para desescalar el conflicto armado que protagonizan por más de medio siglo y que buscan sellar con la paz. Otra de las acciones tomadas por el Gobierno y la guerrilla se centra en el alto al fuego unilateral acatado por las FARC-EP y la suspensión de los bombardeos a los campamentos insurgentes ordenada por el presidente Juan Manuel Santos.
Al respecto, el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, apuntó que la decisión de Santos no es un «cese bilateral disfrazado», como afirman algunos detractores del proceso de paz.
Explicó que esta medida «no entorpece ni limita la acción de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional» y aclaró por qué es equivocado decir, además, que el desescalamiento viola la Constitución.
Las FARC-EP aplaudieron la decisión presidencial, un gesto que —dijeron— contribuye a generar un clima de confianza propicio para avanzar en la discusión de los temas pendientes del Acuerdo General de La Habana.
