Una deuda «made in USA»

La incertidumbre prevalece en la nación boricua, que se enfrenta a la mayor crisis económica de su historia

Autor:

Yailé Balloqui Bonzón

Términos como default, impagos, deudas, fondos buitre… son comunes por estos tiempos. Recortes a beneficios sociales, aumento de precios, desempleo, desesperación…  son expresiones que también forman parte de la «tendencia actual de la moda económico-financiera» que centra el mundo de hoy.

Grecia marca el centro de atención  mediática con su larga crisis económica, sus cambios de gobierno, sus recortes y sus broncas con el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo y la Unión Europea (UE). Pero esa nación no es la única que anda transitando por los aleros de la bancarrota del planeta, y sufre el colapso de una mala situación económica que comenzó en el año 2007 en Estados Unidos y se extendió, por ende, a nivel internacional.

La crisis económica repercutió tanto en Europa como en América Latina. A la cabeza de las naciones más empeñadas está Japón, con una deuda pública en relación al Producto Interno Bruto del 242 por ciento, seguido por la propia  Grecia  con un 117 por ciento, Jamaica con un 140 por ciento y Portugal e Irlanda por encima del 130 por ciento, de acuerdo con cifras del FMI.

Del resfriado a la «pulmonía»

La hermosa Isla caribeña, que por más de cinco siglos ha vivido colonizada, primero por España y luego por Estados Unidos —que la tomó hace 117 años—  entró en una gran recesión en el propio 2007 por ser una economía apéndice de la de Washington; de ahí un dicho popular que señala que «cuando la economía de Estados Unidos padece un resfriado, a la de Puerto Rico le da una pulmonía».

La nación boricua cuenta con un régimen político de Estado Libre Asociado a EE.UU., eufemismo para esconder su estatus colonial, bajo el cual su autogobierno limitado posee una Constitución para el manejo de los asuntos internos pero cuya soberanía la ejerce el Congreso estadounidense.

Washington decide todo lo relacionado con su sistema financiero, las relaciones exteriores, la migración y el comercio. Se les impide hacer tratados comerciales con país alguno ni recibir en sus puertos barcos con bandera diferente a la de las barras y las estrellas.

Pero, pese a ser una «propiedad» estadounidense, la Isla no está integrada a sus leyes como un estado más, no forma parte de la Unión al momento de acceder a un recurso de la legislación federal, como declararse en bancarrota para obtener protección legal ante sus prestamistas, pese a que sigue subordinada a las políticas financieras de Washington.

Por más de 20 años, los gobiernos conformados por los dos principales partidos políticos de la Isla recurrieron a las emisiones de bonos en el Mercado de Valores de Estados Unidos. Aunque estas se justificaron para la construcción de obras públicas, el dinero fue utilizado para cuadrar el presupuesto, que por disposición constitucional tiene que cerrar balanceado. También se utilizaron para el pago de la enorme nómina gubernamental.

Todo este escenario ha dado al traste con la economía puertorriqueña, que hoy sufre el mayor colapso de la historia.  En esta semana, Puerto Rico incurrió en su primer impago y hasta la fecha no hay nada claro sobre qué pasará con la deuda que asciende hoy a más de 72 mil millones de dólares en total.

A inicios de julio y a través del The New York Times, el actual gobernador de la Isla, Alejandro García Padilla, anunció que no haría un primer pago de 57 millones de dólares a los acreedores.

En otras ocasiones el Gobierno había utilizado fondos de otras partidas para cubrir sus deudas, pero ahora argumentó que la falta de liquidez ponía en riesgo otros servicios prioritarios.

Costos Sociales

Este escenario genera presión en la sociedad puertorriqueña, que vive una situación laboral en caída libre.

La incertidumbre reina en torno a cuáles podrían ser los próximos pasos a seguir ante los acreedores y lo que, en consecuencia, enfrentará el eslabón más débil de la cadena: el pueblo.

Para los analistas financieros el país tendría que implementar las acostumbradas medidas neoliberales y reestructurar su deuda pública, disminuir la nómina estatal, reducir subsidios y gastos en electricidad y transporte y privatizar empresas públicas. Sin embargo, estas medidas no contemplan en ninguna parte que el Gobierno estadounidense permita la inyección de liquidez ni que proteja su estructura financiera.

Los boricuas no saben aún lo que representaría el posible paquete de medidas que pudieran comenzar a aplicarle para tratar de saldar esa deuda, la cual el Gobierno Federal, es decir Estados Unidos, no quiere ayudar a enfrentar.

Aunque el comité que nombró el Gobernador García Padilla para que prepare el plan de recuperación fiscal no estará hasta el 30 de agosto, se han comenzado a implementar una serie de medidas que van en contra del servicio público y de los isleños.

Un nuevo impuesto del 11,5 por ciento ya se aplica para algunos productos y servicios, así como el congelamiento de los convenios colectivos para empleados del sector público, incluida la eliminación del bono navideño.

Hace apenas una semana, entró en vigor una reducción de 13 de las 34 rutas de autobuses públicos, algunas de las cuales serán sustituidas por transporte privado.

Pero uno de los recortes más temidos por los puertorriqueños tiene que ver con los programas de salud Medicaid y Medicare, (seguro médico del Gobierno norteamericano para personas de bajos recursos), lo que, sumado al éxodo de más de 5 000 médicos hacia a EE.UU., incrementará de forma dramática los precios de los servicios sanitarios.

A todo este contexto se suma la intensa sequía que sufre la Isla y que afecta el 77, 32 por ciento del territorio, lo que ha obligado al racionamiento del agua, y en esa trama climática han insertado el anuncio de que la escasez del preciado líquido les obliga a recortar el desayuno en las escuelas públicas del país.

¿Capítulo 9?

Un reciente editorial del diario estadounidense Boston Globe se mostró a favor de que el Congreso norteamericano permita la inclusión de las empresas públicas de la Isla en el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras, y ayude a Puerto Rico a reactivar su economía.

Citando declaraciones del congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, en el sentido de que por ser Puerto Rico «propiedad de Estados Unidos», como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense, el Congreso es responsable de atender la crisis fiscal de la isla.

«Tiene razón. El Congreso tiene una obligación moral hacia Puerto Rico y su gente, a la misma vez que debe ser lo más justo posible con los inversionistas institucionales en el continente. El acceso a las leyes de bancarrota representa la mejor herramienta que la Isla tiene para alcanzar la solvencia y la eventual prosperidad», indicó.

El llamado Capítulo 9 es una ley de bancarrotas estadounidense que permite la reestructuración ordenada de la deuda. A diferencia de las ciudades de Detroit, Stockton (California) o el condado de Jefferson (Alabama), las cuales se declararon en quiebra recientemente, Puerto Rico no tiene ese derecho porque esta legislación rige para empresas y ciudades, pero no para los llamados Estados Asociados.

El Gobierno de Barack Obama no tiene planes para rescatar a Puerto Rico. La única esperanza es que el Congreso cambie la ley para otorgarle a la isla el derecho a acogerse al Capítulo 9, un derecho que tienen los 50 estados de la Unión Americana.

Atenas no está en el Caribe

Fue un ministro alemán, Wolfgang Schäuble, el primero en hacer comparaciones entre Grecia y Puerto Rico ante el sensible tema de las crisis. En esa ocasión, inicios de julio, el funcionario apuntó que no tenía ningún problema en cambiar al País Helénico por la Isla del Encanto.  Irónicamente y con aire prepotente apuntó que le había propuesto a su «amigo» Jack Lew (secretario del Tesoro de EE. UU.) «aceptar a Puerto Rico en la Zona Euro si ellos aceptan a Grecia en el dólar». Desde entonces la prensa se ha hecho eco de esta «jarana» alemana y no ha dejado de tildar a la isla como «la Grecia del Caribe».

Atenas y San Juan tienen puntos comunes, pero la situación es distinta. Ambos padecen la peor crisis de sus historias, pero en escenarios totalmente diferentes.

En Puerto Rico, su condición colonial restringe su posición ante la crisis económica. Grecia tiene a quién pedirle, acreedores para ella hay de sobra, pero Puerto Rico no tiene a quién acudir. Incluso las grandes instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial están imposibilitados de ofrecer recursos a la isla porque todas las decisiones deben pasar por Washington.

Grecia es un país independiente, cuyo Gobierno actual, encabezado por un partido de izquierda, trata de preservar la soberanía frente a los intolerantes de la troika que los asfixia (FMI, BM y UE), aunque de hecho, las endurecidas posiciones de la Unión Europea limitan la soberanía helénica.

Tampoco la administración colonial en San Juan puede jugar la carta de una consulta popular, como lo hizo el primer ministro griego, Alexis Tsipras, porque Washington tendría que aprobarlo, una hipótesis inviable.

Mientras en Grecia el Gobierno trata de aliviar la situación de los sectores más vulnerables, en Puerto Rico la administración colonial tiene la obligación de priorizar sus pagos y no los gastos públicos.

No obstante, Puerto Rico y Grecia sí coinciden al valorarse sus apremios como señales del carácter estructural de sus economías capitalistas.

Algo que sí no ofrece mucha discusión es que el país boricua necesita reestructurar su deuda y un informe elaborado por antiguos expertos del FMI ya ha lanzado las recetas adicionales: hacer reformas y bajar sueldos. ¿Quién paga entonces?

Mientras se mantenga su condición colonial supeditada a Washington, que no cambiará la política ni el sistema que impera, la crisis seguirá creciendo y la deuda seguirá recayendo en el pueblo.

Ni el Capítulo 9 ni los recortes. La única salida para Puerto Rico es avanzar en su soberanía e independencia, algo que todavía se vislumbra francamente difícil.

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