Bolivia controlará posesión de armas

La Ley 400 de Tenencia y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, regula el manejo de armas, y fija las penas a los que trafiquen con ellas

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Juventud Rebelde

LA PAZ, agosto 30. — El gobierno boliviano comenzará el próximo martes el registro voluntario de armas en todo el país con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía, informó este domingo el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

«Queremos indicar que el martes 1 de septiembre el gobierno iniciará la campaña nacional de registro voluntario de armas, con el objetivo de tener un mejor control y resguardar la integridad físicas de las personas», destacó Pérez en un comunicado.

De acuerdo con el funcionario el registro de control comenzara a realizarse en la oriental ciudad de Santa Cruz, aunque para ello se habilitaron oficinas en las ciudades capitales de los nueve departamentos, reportó Prensa Latina.

Hasta la fecha sólo tienen registradas en todo el país unas siete mil 300 armas de fuego, de las cuales dos mil 808 se hallan en Santa Cruz, dos mil 653 en La Paz, mil 68 en Tarija, así como 569 en Oruro, 114 en Cochabamba, 48 en Sucre, 32 en Beni y ocho en Potosí, informó.

El departamento de Pando es el único en el cual no se tiene registrada la posesión de armas por algún ciudadano.

El Viceministro explicó que la acción se lleva adelante en cumplimiento a la Ley 400 y sus decretos reglamentarios (2175 y 2344) y que la misma tendrá una duración de 180 días.

La Ley 400 de Tenencia y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, regula el manejo de armas, fija las penas a los que trafiquen con ellas y los requisitos que exige el Estado de Bolivia para el transporte y comercialización de explosivos y municiones.

Esta norma, igualmente establece prohibiciones y regula la destrucción y desactivación de armas, municiones y explosivos.

En el caso de los uniformados que incurran en el delito de tráfico de armas, la Ley 400 fija sanciones de hasta 30 años de cárcel.

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