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Tras la firma del acuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz alcanzado en La Habana por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, afirmó que este es una día crucial y muy positivo para el avance a la paz y la terminación de «un conflicto armado que nos ha desangrado por más de medio siglo».
Santos señaló que ambas partes acordaron una fecha límite para firmar acuerdo final que ponga fin al conflicto: será el 23 de marzo de 2016. «A más tardar ese día, estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia y de toda América y acordamos que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego del acuerdo final», anunció.
El mandatario mencionó los acuerdos alcanzados previamente en materia de desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas que, unidos al desescalamiento del conflicto armado se suman a estos anuncios trascendentales, pero destacó que se ha logrado algo de la mayor importancia: «un acuerdo sobre las bases del sistema de justicia, el más difícil».
Según explicó, se trata de crear una jurisdicción especial para la paz que respete los principios que el papa Francisco expresó en La Habana. Debe haber justicia y respeto por la institucionalidad, por el derecho nacional e internacional, señaló.
La jurisdicción se ajustará al marco de la Constitución de Colombia y de sus leyes y respetará los principios internacionales para buscar la satisfacción de los derechos de las víctimas, esto es, justicia, verdad, reparación y no repetición, declaró.
Santos dio a conocer que la nueva jurisdicción tendrá en cuenta las investigaciones y sentencias de fiscales y jueces colombianos, como punto de partida. «No acordamos un sistema extrajudicial, todo lo contrario», insistió.
El mandatario afirmó que es común que a la terminación de los conflictos se otorguen amnistías o indultos por los delitos políticos y conexos y que eso se va a hacer en este caso en los términos de una ley de amnistía, pero acotó que hay delitos que no se pueden amnistiar o indultar (como aquellos de crímenes de lesa humanidad, secuestro, genocidio, desplazamiento y desaparición forzada, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores, que serán juzgados y sancionados.
Santos explicó que el objetivo final es conseguir una paz sin impunidad y dijo que así se cumplirá la tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz. En ese punto, aclaró que este tema no está dirigido exclusivamente a las FARC-EP, en tanto todos los que participaron en el conflicto armado y cometieron delitos, incluyendo las fuerzas del Estado, están sujetos a ello.
«Lo que anunciamos hoy es una gran noticia para Colombia y el mundo. Es la primera vez que un Gobierno y un grupo armado ilegal, en un tratado de paz, crean un sistema de rendición de cuentas», afirmó.
El presidente colombiano consideró que ambas partes sientan un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza para otros conflictos en el planeta y enumeró el progreso que vivirá una Colombia en paz, en materia de seguridad, inversiones, turismo y medio ambiente, entre otros campos.
«Hoy damos un paso enorme hacia esa nueva Colombia y los invito a que la construyamos juntos. Hoy avanzamos mucho, aseguramos la justicia, la no impunidad y dimos pasos ciertos para acabar la guerra», afirmó antes de expresar que la última palabra la tienen los colombianos que decidirán si aceptan o no el contenido de este acuerdo. «La conclusión una sola: la paz es posible y está más cerca que nunca», concluyó el jefe de Estado colombiano.
