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La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la del Gobierno prosiguen este lunes las conversaciones para poner término al conflicto armado en esa nación suramericana, reporta Prensa Latina.
En un comunicado divulgado este fin de semana, las FARC-EP aclaró que el acuerdo sobre Jurisdicción Especial de Paz no puede verse como un simple texto y expresaron su perplejidad ante la posición adoptada por el Estado.
De acuerdo con la guerrilla, el Ejecutivo pretende sustituir el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz por el comunicado elaborado para dar a conocer dicho acuerdo y otros compromisos adoptados.
Al tiempo que se refiere al citado acuerdo como un simple texto, señalan las FARC-EP.
«In claritas non fit interpretatio», claridad no admite interpretación, dice el adagio latino, y un «Comunicado» sobre distintos aspectos de las conversaciones es solo eso, un comunicado, subrayan.
De hecho tres de los 10 puntos del Comunicado no hacen alusión alguna a la Jurisdicción Especial de Paz, sino a otros temas.
Ejemplo de ellos son la relación de acuerdos adoptados como la creación de una Comisión de la Verdad, el compromiso de iniciar el proceso de dejación de armas 60 días después de firmarse un acuerdo final y la importancia de facilitar la conversión de las FARC-EP en un movimiento político, puntualiza el texto.
Ninguno de los anteriores puntos se incluye en el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, enfatiza el grupo insurgente.
La delegación de paz de las FARC-EP quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las presentes conversaciones en un plazo máximo de seis meses.
Dicho propósito no será viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado.
Coincidimos en que tanto el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, como el resto de los alcanzados —sobre reforma rural integral, participación política y sustitución de cultivos ilícitos— requieren desarrollos posteriores.
Es nuestra decisión acometerlos a la mayor brevedad posible, asevera el grupo insurgente.
