Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) valoraron positivamente y calificaron de «hecho humanitario» el indulto anunciado el domingo por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a 30 guerrilleros presos en cárceles.
La medida responde a las múltiples denuncias hechas por la guerrilla sobre la crisis humanitaria en que vive la población carcelaria en Colombia, expresada en altos niveles de hacinamiento, colapso del sistema de salud, pésima alimentación, evidencias de tratos crueles e inhumanos, carencia de un derecho esencial como el agua y ausencia total de los principios que caracterizan a un estado moderno, explica la guerrilla.
También, el pasado 16 de noviembre, el grupo rebelde pidió al Gobierno la liberación de 81 compañeros presos que se encuentran en delicado estado de salud, gesto que —afirmaron— sería entendido por el grupo armado como un acto de buena voluntad.
Pero por ahora, según sostuvo la declaración de Juan Manuel Santos, solo saldrán de las cárceles quienes «no están recluidos por delitos graves».
Al indulto se suman la anunciada realización de brigadas de salud y programas de atención y la adecuación de patios especiales dentro de las cárceles a los que serán trasladados el resto de los insurgentes presos.
«Sin duda, es un gesto humanitario, de sensatez, que puede ser el comienzo del reconocimiento de las justas reivindicaciones enarboladas por los prisioneros políticos a lo largo de muchos años, y una medida de desescalamiento del conflicto, dentro de las muchas que deberán adoptar las partes para la generación de confianza y el logro de la reconciliación», sentenció la guerrilla en la voz del Comandante Pablo Catatumbo.
En las cárceles colombianas se encuentran miles de prisioneros políticos, muchos —denuncian las FARC-EP— con gravísimos problemas de salud, con requerimientos médicos de urgencia, así como con enfermedades terminales.
Es por ello, afirman, que desde el 9 de noviembre anterior, más de 1 500 detenidos de guerra han mantenido una huelga de hambre en diferentes centros penitenciarios llamando la atención del país por el respeto a sus derechos fundamentales.
La comunicación gubernamental explica que los 30 insurgentes saldrán de las cárceles y se les perdonará la pena por el delito de rebelión. Su futuro estará completamente garantizado: tendrán apoyo sicológico, acceso a la educación e, incluso, se les formará para que puedan trabajar y ganarse la vida legalmente.
