Anuncian que no hubo irregularidades en cuentas del Gobierno de Dilma Rousseff

El senador brasileño, Acir Gurgacz, encargado de analizar las cuentas públicas del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en 2014, sostiene que los decretos firmados por la presidenta y cuestionados por el Tribunal de Cuentas no son ilegales y el procedimiento está previsto en la legislación presupuestaria

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Juventud Rebelde

El senador brasileño, Acir Gurgacz, encargado de analizar las cuentas públicas del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en 2014, anunció que recomendará su aprobación debido a que no tienen ninguna irregularidad, como alegó la oposición en su intento de encaminar un juicio político contra la mandataria, reporta Telesur.

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El funcionario, seleccionado como ponente del proceso de la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, tras evaluar las cuentas declaró que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que sugirió la reprobación de éstas.

Los balances oficiales correspondientes al pasado año fueron rechazados por TCU, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, el mismo que recomendó recientemente que no fueran aprobados por el Parlamento por “diversas irregularidades”.

Por lo que Gurgacz afirmó que los argumentos presentados por el tribunal «no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances de 2014.

De acuerdo con los magistrados del tribunal, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.

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Esto supuestamente llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40 mil millones de reales (unos 10 mil millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.

Estos argumentos, que no fueron comprobados, fueron usados por los partidos de la oposición como justificación para la apertura de un juicio político con fines de destitución contra Rousseff.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó los argumentos de la oposición y autorizó el trámite para el juicio político, pero éste podría continuar en febrero próximo, ya que la Corte Suprema ordenó el reinicio del proceso, aunado a que el Congreso comenzará su receso legislativo esta semana.

Mientras que el senador Gurgacz, cuyo parecer tendrá que ser aprobado o rechazado por la comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo próximo, alegó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas "observaciones" como en años anteriores y en otros Gobiernos.

A su juicio, los decretos firmados por la presidenta y cuestionados por el Tribunal de Cuentas no son ilegales y el procedimiento está previsto en la legislación presupuestaria.

De acuerdo con su informe, tanto otros Gobiernos como las gobernaciones regionales han usado la misma estrategia para garantizar el funcionamiento del Estado y hasta ahora a ninguno se le ha acusado de crimen de responsabilidad.

«Tengo una buena relación con la presidenta y con la oposición. No redacté mi parecer pensado en (salvar a) la presidenta sino en el país», afirmó.

El legislador agregó que el tribunal es tan solo un órgano consultivo del Legislativo y que el Congreso es autónomo para aprobar o reprobar las cuentas.

Aseguró que Rousseff tuvo que adoptar las maniobras contables, debido a las dificultades económicas que vive el país y para no paralizar al Gobierno. «Fueron dificultades que surgieron a mediados del año y que justificaron algunos cambios en el presupuesto».

Antecedentes

El pasado 21 de diciembre, el líder de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, dijo que el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff será en 2016, pues necesita algunas aclaraciones sobre el proceso.

Precisó durante una reunión con líderes de bloques de oposición que presentará varias inquietudes al Supremo Tribunal Federal (STF) sobre las reglas establecidas por esa instancia sobre el posible enjuiciamiento a la Presidenta.

Todo esto responde a que el dos de este mes, Cunha autorizó la apertura de un proceso judicial con el objetivo de destituir a la Presidenta, argumentando que considera procedente una acusación por «irregularidades fiscales».

Desde entonces, miles de brasileños salen a las calles en más de 30 ciudades, con pancartas y coros a favor de Dilma y en rechazo a la intención de la oposición de perjudicar a la jefa de Estado.

Ahora, todo queda entredicho, porque el senador encargado de evaluar las cuentas declaró que todo está apegado a la legislatura presupuestaria.

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