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Sí, hay prisioneros políticos en Estados Unidos. Este cartel muestra los rostros de algunos. Autor: Internet Publicado: 21/09/2017 | 06:29 pm
Hace 45 años, activistas por la paz irrumpieron en una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la localidad de Media, en el estado de Pennsylvania, y sacaron a la luz documentos que revelaban el programa Cointelpro, una vasta operación de vigilancia y espionaje que oficialmente practicó el Gobierno de Estados Unidos desde 1956 hasta 1971, para «exponer, desbaratar, descarriar, desacreditar o de lo contrario neutralizar» a los numerosos grupos y organizaciones que rechazaban, denunciaban y actuaban contra sus políticas internas, externas y guerreristas.
Se inició en la década de los años de 1950 contra el Partido Comunista para «incrementar el faccionalismo, causar confusión y conseguir deserciones» en sus filas; luego, en los 60, fue expandido a las agrupaciones de lo que se llamó la Nueva Izquierda y algunas organizaciones radicales que escogieron la lucha armada.
Todo el mundo del disenso, el movimiento contra la guerra en Vietnam, los Panteras Negras, la organización Estudiantes por una Sociedad Democrática, el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, el Movimiento Indio Americano, los independentistas puertorriqueños de los Young Lords, la organización de los Weatherman, la Asociación Nacional de Abogados y hasta el reverendo Martin Luther King y líderes y activistas de la lucha por los derechos civiles, entre otros, figuraban como los objetivos del Programa de Contrainteligencia, que ese era su nombre.
Tras la exposición de Cointelpro, la investigación congresional realizada entonces por el llamado Comité Church, concluyó explícitamente que «muchas de las técnicas usadas serían intolerables en una sociedad democrática incluso si todos los objetivos hubiesen estado envueltos en actividades criminales, pero Cointelpro fue mucho más lejos de esto… el FBI condujo una sofisticada operación de vigilancia con la intención directa de impedir el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación proporcionadas por la Primera Enmienda (de la Constitución), con la teoría de que prevenir el crecimiento de grupos peligrosos y la propagación de ideas perniciosas protegería la seguridad nacional e impediría la violencia».
Pero cuatro décadas y media después de conocerse Cointelpro y de que el tenebroso y retorcido director del FBI, John Edgar Hoover, declarara tras el escándalo que el programa centralizado había terminado y las futuras operaciones de contrainteligencia serían llevadas caso por caso, la realidad no parece ser muy diferente.
No solo el fantasma de Hoover parece haber resucitado, existe la posibilidad cierta de que nunca dejó de funcionar el programa, aunque no se hiciera tan evidente su ilegitimidad o los pormenores estén guardados en documentos secretos bajo siete llaves.
La publicación digital Common Dreams aseguró el 8 de marzo que el FBI todavía piensa que «el disenso es el enemigo» y se expone cuando más de 60 grupos estadounidenses enviaron una carta a los Comités Judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado para expresar su preocupación por el «abuso de los recursos del contraterrorismo para supervisar la actividad de los estadounidenses que está protegida por la Primera Enmienda». Ahora, al FBI se le sumaba otro implicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado en la época en que George W. Bush ocupó la Casa Blanca.
La misiva-denuncia asegura que el FBI, que tiene una historia bien documentada de abuso de los derechos amparados por la Primera Enmienda, ha continuado esa arbitraria ilegalidad en los últimos años «incluyendo el envío de agentes encubiertos e informantes para infiltrarse en grupos pacíficos de justicia social, así como vigilar, documentar y presentar sobre la actividad política legal bajo la autoridad de la lucha contra el terrorismo».
¿Cuáles son ahora las organizaciones y movimientos víctimas de esas prácticas? El pliego es categórico: School of the Americas Watch (SOAW) —la Escuela de las Américas que preparó y entrenó a los represores de la Operación Cóndor, entre otros, ahora se llama Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC)—, Ocupa Wall Street, Black Live Matter y los activistas contra el oleoducto Keystone XL.
Pero la denuncia también considera que los comités del Congreso deben investigar qué otros movimientos políticos no violentos han sido blanco de la actividad contraterrorista del FBI y el DHS y analizar cuáles reformas deben hacerse para que esa vigilancia no vuelva a ocurrir.
En el caso de SOAW, fue infiltrada con informantes y vigilada durante diez años, y a pesar de que han reconocido que ese grupo pacífico creado en 1990 no tiene ningún nexo con el terrorismo, más de 170 mujeres y hombres de su membresía, a causa de sus protestas, han cumplido —como prisioneros de conciencia— la suma de más de 78 años en cárceles federales.
Este solo ejemplo demuestra la certeza de que el FBI y el DHS al «etiquetar el activismo como terrorismo, criminaliza el disenso político»; sigue siendo «el enemigo» y permanece vigente el legado avieso de J. Edgar Hoover.
Prohibido toma fotos e imitar a Cristo
Mary Anne Grady Flores, una abuela y activista por la paz de Nueva York, es un claro ejemplo de esa criminalización de las protestas. Salió de la prisión, justo el 8 de marzo de este año, luego de 49 días de encarcelamiento y una fianza de 5 000 dólares, porque su sentencia de seis meses de prisión está pendiente de apelación. Originalmente había sido condenada a un año de prisión. Delito: fotografiar en 2013 una protesta de un pequeño grupo de activistas católicos frente a la base aérea Hancock de la Guardia Nacional, desde donde se pilotean por remoto los drones que bombardean habitualmente en Yemen, Afganistán, Irak, Siria y Somalia, que dejan un buen número de víctimas civiles colaterales.
Mary Anne, quien no es remisa en denunciar las políticas y operaciones de guerra de su país, participó en el año 2012 en una acción de desobediencia civil ante esa misma instalación bélica y por ello fue detenida y sancionada entonces con una orden de restricción sobre la base militar, algo inédito, pues esa medida se aplica solo a cónyuges en litigio o a testigos cuya vida puede estar en peligro.
Precisamente, para cumplir esa sentencia judicial, en 2013 Mary Anne no formaba parte de la protesta, pero desde el camino aledaño que bordea Hancock tomaba las fotos para dar a conocer en las redes sociales y sitios web alternativos la denuncia. Fue entonces que el comandante de la base la acusó de haber violado la orden de protección. La abuela neoyorquina creía que esa carretera era la frontera con el centro de los drones, pero resultó que también esta era propiedad del Pentágono.
Su prontuario «criminal» tiene más hojas de méritos: Mary Anne Grady Flores forma parte del movimiento de resistencia a los drones y su uso guerrerista, creado hace seis años bajo el nombre de Upstate Coalition to Ground the Drones and End the Wars. En una entrevisa con Democracy Now, Mary Anne dijo sobre la base que está en su vecindario: «Los pilotos de aviones no tripulados están sentados allí, disparando y violando las leyes de soberanía, están violando el debido proceso, y continúan con el programa de asesinatos (selectivos) que se inició por la administración Obama».
En esa entrevista agradeció a los cuatro veteranos pilotos de drones que por conciencia han salido a denunciar que con ese programa del Pentágono y la CIA están matando civiles. Ellos son Cian Westmoreland, Michael Haas, Brandon Bryant y Stephen Lewis, quienes en carta al presidente Barack Obama, al secretario de Defensa Ashton Carter y al director de la CIA John Brennan describieron sus papeles en la Guerra de los drones que los llevaron a padecer el desorden de stress postraumático y advierten que ese programa ha «alimentado los sentimientos de odio que encendió el terrorismo y grupos como ISIS (Estado Islámico), mientras que también sirve como una herramienta de reclutamiento fundamental similar a (la prisión de) Guantánamo».
Jonathan Wallace, abogado defensor de Mary Anne, dijo sobre la condena que había sido un mal funcionamiento del sistema legal que esperaba fuera corregido en la apelación: «Tomar fotografías, por supuesto, es una actividad protegida por la Primera Enmienda. Manifestarse es una actividad protegida por la Primera Enmienda»; sin embargo, es evidente que el derecho a la libre expresión, a la libertad de palabra, Estados Unidos la aplica con doble rasero.
Por cierto, el padre de Mary Anne, John Peter Grady, fue uno de los 28 de Camden, un grupo de católicos de izquierda, activistas contra la guerra de Vietnam, que en 1971 allanaron una junta de reclutamiento en Camden, Nueva Jersey, en protesta contra el genocidio del pueblo asiático y el reclutamiento forzado de los jóvenes estadounidenses. Ellos fueron detenidos porque los delató Bob Hardy, un informante del FBI infiltrado en el grupo. Fueron juzgados entonces por siete cargos graves que suponían 47 años de prisión. Aquel fue un juicio que hizo historia y los activistas lograron salir en libertad gracias al empuje del movimiento contra la guerra y por los derechos civiles.
Las detenciones en las protestas son una constante en Estados Unidos y se desconoce el número exacto de los condenados a penas de prisión. Recién en esta semana, el miércoles 21 de marzo, en Los Ángeles, California, una veintena de líderes religiosos, que llevaban los hábitos o vestimentas de sus diversas denominaciones, fueron arrestados acusados de desobediencia civil, por encabezar una marcha y lavar los pies de mujeres inmigrantes que portaban carteles y cuadros religiosos, rememorando el gesto de humildad de Jesús, cuando lavó los pies a sus discípulos.
Exigían «al presidente Barack Obama que pare las deportaciones y la separación de familias y el daño que se les hace a tantas familias», clamaron Tim Carry, de la Iglesia de la Epifanía, y el padre Richard Estrada, un conocido activista por los derechos de los inmigrantes y los jóvenes, momentos antes de ser esposados junto con el grupo.
La oposición a las prácticas políticas estadounidenses tiene sanción en el país que se jacta de un proceder demócrata y ser defensor de los derechos ciudadanos. Se estiman en más de 160 los activistas que cumplen largas penas de prisión política y entre los más conocidos y castigados tres representan a las minorías de esa nación, el afroamericano Mumia Abu Jamal, el nativo originario Leonard Peltier y el puertorriqueño Oscar López Rivera. Para ellos, ¡Libertad!
Sí, hay prisioneros políticos en Estados Unidos. Este cartel muestra los rostros de algunos.
