Embargan Departamento de Salud de Puerto Rico por impago a proveedores

La demanda, se remonta a 1999, cuando fue presentada por la División de Derechos Civiles de Justicia federal contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para defender los derechos de ese colectivo

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Juventud Rebelde

SAN JUAN, abril 22.— El juez federal Gustavo Gelpí ordenó embargar las cuentas del Departamento de Salud de Puerto Rico a causa del impago a los proveedores de servicios a los pacientes con discapacidad mental, autismo y síndrome de Down.

«Con mucho disgusto, la moción del Estado Libre Asociado no me deja otra alternativa que no sea emitir una orden de embargo para que se pague a los proveedores de servicio de inmediato», señala el juez federal en el mandato.

Gelpí indicó en la orden que se trata de «la única manera en la que los derechos constitucionales de las personas con necesidades especiales en este caso, que data de 1999, pueden protegerse», tras destacar que de no tomar esa medida «el efecto para estos individuos sería devastador y sin arreglo», reportó EFE.

La demanda, como matizó el magistrado, se remonta a 1999, cuando fue presentada por la División de Derechos Civiles de Justicia federal contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para defender los derechos de ese colectivo.

La orden de Gelpí incluye una reunión en su despacho marcada para el próximo día 27 a la que están convocados el secretario de Justicia, César Miranda; el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza; la secretaria de Salud, Ana Ríus; y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz.

El Gobierno reconoció la pasada semana que no mantiene al día los pagos a esos proveedores debido a los graves problemas de liquidez por los que atraviesa y que solo se efectuaron los de enero.

La división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Puerto Rico para hacer valer los derechos de ese colectivo en 1999.

En 2011, el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico llegaron a un acuerdo que incluyó el nombramiento de un monitor para controlar el cumplimiento del pacto, que incluía mejoras económicas para los servicios prestados al colectivo.

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