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Los familiares no han cesado de exigir justicia con el respaldo de múltiples organizaciones sociales y estudiantes de todas las escuelas normalistas. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 06:01 pm
CIUDAD DE MÉXICO, abril 25.— El segundo informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), revela «todas las deficiencias, fallas e incapacidad de las instituciones mexicanas para una adecuada y esclarecedora investigación», afirmó este lunes Edgar Cortés, coordinador de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto de Derechos Humanos y Democracia.
El analista expresó a Telesur que las indagaciones del grupo de especialistas resaltan la imposibilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer e informar lo que realmente ocurrió con los 43 estudiantes normalistas que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014.
Expresó que además de exponer que muchas de las declaraciones de los testigos se obtuvieron bajo tortura, que a su juicio invalida los testimonios como pruebas, el informe da a conocer datos que no fueron lo suficientemente investigados.
Ejemplo de ello es que aunque se dice que los estudiantes fueron quemados junto a sus teléfonos, pero muchos de los celulares estuvieron activos días y semanas después de su desaparición forzada, refirió Cortés.
Asimismo, mencionó que un hecho irregular lo constituye que no hay registro de las pesquisas de la división de Investigación de la PGR en el río San Juan.
«El grupo de expertos planteó que el día anterior al hallazgo del 29 de octubre en el río San Juan, donde se encontraron bolsas de plásticos con restos humanos, el jefe de Investigación de la PGR estuvo en el lugar buscando evidencias y de eso no hay registro oficial. Al día siguiente anuncian, sin los forenses argentinos, que habían encontrado restos (...) es una acción irregular», sostuvo.
Indicó que el informe es importante porque desmiente a la PGR. «Lo que vamos viendo es una Procuraduría que desafortunadamente no ha logrado establecer hipótesis del trabajo o teoría del caso, que sea coherente, consistente y creíble», subrayó.
Cortés mencionó que «la verdad histórica» de que todos los normalistas habrían sido quemados en un basurero en Cocula, «es una hipótesis que no se sostiene y posee contradicciones».
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Dijo que los organismos e instituciones mexicanos deben seguir investigando y explorar otras líneas de investigación para responder con claridad sobre la desaparición de los normalistas.
«A las autoridades mexicanas les queda la obligación de esclarecer los hechos, esa es la tarea de la justicia penal, procurar que el culpable sea castigado y se repare el daño», concluyó.
Tras la presentación del segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; varios puntos resaltaron las denuncias realizadas por los expertos sobre los obstáculos que puso el Ejecutivo mexicano en sus indagaciones.
Uno es que se revela que hasta 80 por ciento de los detenidos por el caso han denunciado torturas. De hecho, cinco de estos que respaldan la verdad histórica de la desaparición de los 43 normalistas, ofrecieron sus versiones aparentemente forzados mediante torturas.
Los expertos denuncian que no se realizaron informes médicos según estándares internacionales sobre denuncias de malos tratos y torturas.
