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Los españoles en las calles exigieron justicia social. Autor: Telesur Publicado: 21/09/2017 | 06:31 pm
MADRID, mayo 7.— Convocados por la Coordinadora 25S y la asociación No somos delito, los ciudadanos españoles salieron este sábado a las calles de cerca de cien ciudades de la nación a protestar, una vez más, contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley mordaza», así como para exigir una amnistía social y política para los afectados por esta legislación.
En reiteradas oportunidades, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado al ejecutivo de España a dejar de usar la Ley de Seguridad Ciudadana y los artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo para reprimir los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación, reportó Telesur.
Las manifestaciones de este sábado buscan derogar una legislación que ha atacado a miles de españoles, y la indemnización de las personas que hayan sufrido daños físicos u otras secuelas por las intervenciones policiales.
«No pedimos ni clemencia ni indultos, reclamamos y exigimos justicia social», decían los reclamantes.
El Partido Popular de España aprobó el 27 de marzo de 2015 la controversial Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, pese al rechazo de la oposición, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y ciudadanos de ese país.
La legislación entró en vigor el 1ro. de julio de 2015 y fue acompañada por una reforma del Código Penal y una norma «antiyihadista».
Los más afectados con este estatuto serán las personas con menos recursos, los inmigrantes, los movimientos sociales, activistas de derechos humanos y los medios de comunicación, por lo que exigen, concretamente, la supresión de todas las causas penales abiertas contra quienes se manifestaban en rechazo a las políticas de recortes de derechos laborales y sociales.
También, la anulación de todos los procesos, expedientes sancionadores y antecedentes penales relacionados con estas causas.
Asimismo, en esta manifestación los asistentes exigen la libertad para todos los que «desobedecieron las normas ante la situación creada por el actual modelo económico y político» y en concreto para los activistas antidesahucios.
Solicitan también la indemnización de las personas que hayan sufrido daños físicos u otras secuelas por las intervenciones policiales, junto a la exigencia de responsabilidad para quienes lo acometieron.
Para el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor, «la ley recuerda a la vieja legislación franquista de orden público».El opositor Partido Social Obrero Español (PSOE) consideró, por su parte, que la ley limita los derechos fundamentales y constituye un ataque frontal a las libertades individuales. Mientras, el partido izquierdista Podemos resaltó que la norma muestra el miedo del Gobierno español al cambio.
Al repudio se sumaron cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas que criticaron las reformas legislativas en España, así como el Consejo de Europa.
Cerca de las próximas elecciones estatales, el objetivo principal de quienes están en contra de la ley que restringe libertades es presionar al próximo Gobierno para la derogación de ambas leyes en los primeros cien días de Gobierno.
