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El nuevo acuerdo salva de cualquier tipo de modificación a lo que se negocie en La Habana Autor: Roberto Ruiz Espinosa Publicado: 21/09/2017 | 06:32 pm
Para garantizar la estabilidad y el blindaje jurídico del eventual acuerdo de paz que se firme entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), las partes anunciaron este jueves la creación de un mecanismo de seguridad que garantizará la introducción de lo que se pacte en La Habana en el ordenamiento jurídico colombiano y ofrecerá garantías de cumplimiento en sucesivos gobiernos de la nación sudamericana.
El nuevo acuerdo constituye un importante paso en el tramo final de las negociaciones de paz que sostienen desde noviembre de 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla, y que buscan poner fin a un conflicto armado que ya se extiende por más de medio siglo y ha dejado miles de víctimas.
Lo acordado trata de tres mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos enunciados, según se informó a través de un comunicado conjunto.
En tal sentido, el posible Acuerdo Final ocupará un lugar privilegiado e ingresará a la Constitución en sentido estricto y servirá como parámetro de constitucionalidad para el desarrollo y la interpretación de las normas de implementación de los acuerdos.
También explica que será considerado como parte de los convenios de Ginebra y se ajustarán al cumplimiento del respeto del Derecho Internacional Humanitario.
Para ello el Acuerdo Final, notificaron, se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra y habrá una declaración presidencial ante las Naciones Unidas para que ese organismo dé la bienvenida a lo acordado y lo anexe a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 25 de enero de 2016.
Todo lo convenido garantiza, en resumen, que cualquier otro Gobierno que asuma el poder en Colombia no podrá ignorar, ni restar, ni cambiar lo que se logre luego de varios años de negociaciones.
Las propuestas serán presentadas por el presidente Santos al Congreso de la nación antes del 18 de mayo para su total aprobación, pero esa instancia no tendrá potestad para transformar su contenido, solo validarlo o no.
