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Feminicidio político en Honduras

La muerte de la activista Lesbia Yaneth Urquía constituye un feminicidio político que busca acallar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos, alertó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas

Autor:

Juventud Rebelde

CARACAS, julio 7.— El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció este jueves que el asesinato de la activista Lesbia Yaneth Urquía.

«La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca acallar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta», alertó el Consejo en un comunicado publicado este jueves en su blog.

Según PL, luego de que se encontrara el cuerpo de la activista, autoridades policiales informaron que la víctima presentaba un trauma encéfalo craneal abierto. El organismo policial difundió que investiga si Urquía era extorsionada por alguna organización criminal.

El Copinh dijo que «el cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía  fue encontrado el miércoles en un botadero de Marcala», departamento de La Paz, 150 km al oeste de la capital. Añadió que Urquía, de 49 años, fue secuestrada el martes anterior y luego  asesinada «de un machetazo en el cráneo», indicó AFP.

En el comunicado el  Consejo destacó que la activista por los derechos ambientales era una líder comunitaria vinculada al Copinh desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009. Asimismo reconoce que Lesbia era «activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I, del municipio de San José, La Paz, en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López».

La organización indígena responsabilizó por el hecho al Gobierno de Honduras, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales, quienes «deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza».

El asesinato de la ambientalista ocurre a poco más de cuatro meses del fallecimiento de la coordinadora general del Copinh y ambientalista, Berta Cáceres, ultimada por sicarios el pasado 3 de marzo en el occidental departamento de Intibucá.

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