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En los centros de detención los inmigrantes están sujetos a todo tipo de arbitrariedades. Buena parte de ellos están manejados por la industria carcelaria privada. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 06:36 pm
Quizá fue precipitado decir que las recomendaciones del informe dado a conocer por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos —hace apenas unos días— caerían en saco roto. (ver http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2016-08-13/prisiones-privadas-negocio-redondo/)
La Fiscal General Adjunta, Sally Yates, emitió el jueves una instrucción a los funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones para que no renovaran los contratos con los operadores de prisiones privadas cuando estos expiren o «rebajara sustancialmente» esos acuerdos con vistas a ponerle fin al uso de esos centros de reclusión, que fueron duramente criticados por ser más ineficientes, violentas y peligrosas que las cárceles del sistema gubernamental.
En el memo, Yates expuso que las prisiones privadas «no proporcionan el mismo nivel de servicios de readaptación social, programas y recursos; no ahorran notablemente los costes, y (...) no lo hacen mantener el mismo nivel de seguridad y protección».
La alta funcionaria del Departamento de Justicia explicó al diario The Washington Post un elemento esencial en la toma de la decisión: «El “quid” de la cuestión es que las prisiones privadas no se comparan favorablemente con las instalaciones de la Oficina Federal de Prisiones en términos de seguridad o servicios, y ahora con la disminución de la población penitenciaria federal, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer algo al respecto».
La medida implica que en algún momento —ya ven que deben expirar los contratos—, se cerrarán un buen número de costosas instalaciones que le han dado años de bonanza a la industria que lideran las empresas Corrections Corp. of America (CCA), GEO Group Inc. y Management and Training Corp., las que también han sido objeto de denuncias por sus constantes violaciones de los derechos humanos.
Muchos han aplaudido. Por supuesto, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en primer lugar. El director de su Proyecto Nacional de Prisiones, David Fathi, consideró que «esta es una decisión importante e innovadora» y pidió «a otros organismos estatales y federales dejar de entregar el control de las cárceles a empresas con fines de lucro». Porque se trata de una decisión parcial, como ya veremos.
También aprobó Bernie Sanders, el político que en la campaña electoral en busca de la presidencia se ha convertido en la conciencia de la nación en no pocos temas sustanciales, pero ni siquiera tocados en debates, discursos, programas y convenciones de los dos grandes y decisores partidos de la democracia a lo american way.
«Nuestro sistema de justicia penal está quebrado y necesita de grandes reformas. El plan del Departamento de Justicia para poner fin a su uso de prisiones privadas es un paso importante en la dirección correcta. Es exactamente por lo que hice campaña como candidato a presidente...», dijo el senador por Vermont en una declaración en la que ratificó el juicio de la Fiscal General Adjunta.
«Debido en gran parte a las prisiones privadas, el encarcelamiento ha sido una fuente de grandes beneficios para las empresas privadas. Estudio tras estudio, han demostrado que las prisiones privadas no son más baratas, que no son más seguras, y no proporcionan mejores resultados para cualquiera de los prisioneros o para el Estado», agregó Bernie Sanders.
La gallinita sigue cloqueando
Claro que el golpe estremeció a esos consorcios, el grupo GEO, por ejemplo, vio disminuir en 39 por ciento el precio de sus acciones, mientras CCA caía en un 35 por ciento, y de seguro sintieron que los 18 millones de dólares que se han gastado en hacer lobby con el gobierno federal durante los últimos diez años habían sido ahora inefectivos. Pero tienen cinco años de gracia para perder los contratos a los que se ha referido la fiscal adjunta Yates, y según el reporte que dio pie a la posible desvinculación con las empresas privadas carcelarias, el Buró de Prisiones se gastó en el año fiscal 2014 en esos centros de detención, 639 millones de dólares.
Ahora bien, ¿significa esto que el complejo industrial de las prisiones ha perdido la gallina de los huevos de oro? Pues no. El Departamento de Justicia ha dejado más de un costal dorado para las prisiones privadas, por eso el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) pedía ir más lejos en la ordenanza y no dejarla a medio camino, y el senador Patrick Leahy, la principal figura demócrata en el Comité Judicial de la Cámara alta, reconocía que el anuncio del Departamento de Justicia es «un importante primer paso. Pero no es suficiente».
Se refiere la decisión a la gestión privada en las prisiones federales, cuando la mayoría de los reclusos en Estados Unidos están en celdas de prisiones estaduales, donde también las hay de administración privada.
La mitad de los ingresos de GEO Group y CCA en 2015 provinieron de contratos federales, pero solo una parte de ellos les llegaron desde la Oficina de Prisiones, la institución bajo el plan anunciado por Yates, mientras que hay otros acuerdos importantes con el Servicio de Alguaciles de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
Resulta que tampoco entran las instalaciones donde se recluyen a los inmigrantes. Esas están bajo la jurisdicción del DHS y del ICE y ni uno ni el otro han tomado posición similar a la del Departamento de Justicia, y hacia ellos se dirigía el reclamo del CCR.
Bajo supervisión del ICE hay más de 24 500 detenidos en prisiones privadas, el 73 por ciento de esa población, mientras en las estaduales bajo administración lucrativo el número es más significativo, pues el Centro Brennan de la Universidad de Nueva York daba la cifra de 91 000 reclusos.
«Encerrar a los inmigrantes, incluyendo a las familias y a niños que huyen de la violencia extrema en América Central, no debe ser una fuente de beneficios para las grandes corporaciones, especialmente teniendo en cuenta el terrible historial de los contratistas privados en cuanto a proporcionar atención médica y psicológica inadecuada a los inmigrantes».
Por supuesto que fueron más duros los criterios expuestos por aquellos políticos de origen latino. El representante demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, señalaba que el Gobierno y el DHS debían romper totalmente con las corporaciones, de lo contrario «la justicia en este país continuará siendo socavada por el ánimo de lucro de las privadas, y personas inocentes seguirán sufriendo». Agregaba más en su declaración: «Esto no es simplemente injusta detención, esto es la explotación del cautiverio humano —incluyendo niños pequeños—- por el bien del dinero», y aseguraba: «La gente muere en estas instalaciones porque las compañías rehúsan pagar por servicios médicos adecuados».
El gran negocio son los inmigrantes
El diario The Washington Post publicaba cuatro días antes del memo de la Fiscal General Adjunta un reportaje en Dilley, Texas, donde se encuentra una de las mayores prisiones para inmigrantes, regenteada por CCA, también la compañía más grande de la industria carcelaria, adquirida sin proceso de licitación pública y favorecida por el aumento de la llegada ilegal de centroamericanos en los últimos dos años. Allí está el centro de detención masiva de mujeres y niños que piden asilo en Estados Unidos, que opera bajo el eufemístico nombre de Centro Residencial Familiar del Sur de Texas.
El reporte del influyente periódico washingtoniano da detalles que impresionan: el contrato con CCA es por cuatro años y por un monto de mil millones de dólares, dinero que el consorcio recibe independientemente de cuántas personas están detenidas en ese complejo con 2 400 camas de capacidad. Igual ocurre con otro en Karnes City, también en Texas.
El sustancioso contrato tenía ventaja del ciento por ciento con respecto a otras decenas y hasta cientos de contratos del ICE respecto a otros centros de detención donde pagan por el porcentaje de camas ocupadas. El de Dilley le ha dado a CCA el 14 por ciento de los beneficios logrados por un consorcio que opera 74 instalaciones carcelarias. Dice el Washington Post que CCA se negó a especificar los gastos de funcionamiento del centro.
Lo cierto es que CCA y GEO —que no se queda atrás porque sumados los intereses de ambos operan nueve de los diez más grandes centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos—, se han aprovechado al máximo de una política de persecución a los inmigrantes, desatada por la xenofobia que matiza la llamada guerra contra el terrorismo, iniciada por la administración de George W. Bush, el hijo, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y que su sucesor en la Casa Blanca se obligó a darle continuación, junto con el proyecto propio de Barack Obama de ampliar las deportaciones de los indocumentados. En el lapso transcurrido, se duplicaron los contratos.
La publicación digital ThinkProgess citaba a una portavoz de ICE, Sarah Rodriguez, quien confirmaba que las operaciones de la agencia no habían cambiado a pesar de la decisión del Departamento de Justicia.
Por cierto, el Washington Post también apuntaba que el jefe ejecutivo o CEO de Corrections Corporation of America recibió una paga de 3,4 millones de dólares y en la plantilla hay no pocos ex funcionarios gubernamentales.
Con muchos otros datos se podría certificar que el negocio todavía se queda bien parado en el capítulo de las ganancias netas, y es mucha la tela por donde la industria carcelaria puede cortar. Haciendo jirones de los inmigrantes, por ejemplo.
