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BUENOS AIRES, febrero 14.— El presidente Mauricio Macri, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, serán investigados por un tentativo acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino que condona a la familia del mandatario una millonaria deuda con el Estado.
De acuerdo con varios medios noticiosos, dijo PL, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Macri, Aguad y al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, por este caso, que ha generado malestar entre varios partidos de la oposición.
Fuentes judiciales informaron al sitio web Infobae, citado por el despacho, que se le pidieron al juez Ariel Lijo las primeras medidas de prueba para iniciar la investigación.
El fiscal consideró que se está ante un caso «en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las cartas del Estado», agregó la fuente.
La justicia federal recibió la semana última cuatro denuncias penales contra Macri, Aguad y Mocoroa por el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, convertido en un escándalo que levantó ampollas entre varios bloques.
Se trata de una deuda que llevaba más de 15 años trabada en los tribunales, cuando el consorcio Socma, de Franco Macri, padre del mandatario, asumió el Correo tras su privatización en 1997 hasta 2003, fecha en que fue estatizado por quiebra.
Según un cálculo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI), el convenio llevaría a una quita de 70 000 millones de pesos hasta el año 2033 (4 473 millones de dólares).
Hace cuatro días la Oficina Anticorrupción (OA) abrió un expediente para analizar el polémico acuerdo, considerado por una fiscal argentina una condonación abusiva de la deuda.
Según Telesur, el Gobierno negó este martes la existencia de algún «conflicto de intereses» en el acuerdo entre el Estado y la empresa postal Correo Argentino.
Un reporte de la multinacional televisiva dio cuenta también del impacto de la denuncia en la sociedad argentina, aguijoneada por los constantes incrementos a los servicios sociales por parte del ejecutivo.
Según una encuesta de la firma Analogías citada por la cadena, a pesar de que medios locales silenciaron el hecho, el 65 por ciento de los argentinos conoce el escándalo y el 62,4 por ciento de los consultados estima que el convenio constituye un acto de corrupción.
