Colombia y la paz: otro hito en el trayecto

Contrario a lo que algunos pensaron cuando hablaban de la posibilidad de retrasarla, hoy se inicia la entrega de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Contrario a lo que algunos pensaron cuando hablaban de la posibilidad de retrasarla, hoy se inicia la entrega de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, como lo han ratificado en los días precedentes tanto el Gobierno de Juan Manuel Santos como la dirigencia de las FARC-EP.

El inicio del proceso en el tiempo previsto, a pesar de las dificultades que han revelado los guerrilleros en las llamadas zonas veredales donde se han agrupado más de 7 000 —la principal de ellas, falta de infraestructura—, constituye otra muestra de vocación de paz de la insurgencia, que evidentemente aspira a una implementación rápida de los acuerdos suscritos en La Habana, como también creo lo quiere el ejecutivo: el resultado de las elecciones del año que viene siempre constituye un peligro…

Ciertamente, de parte del Gobierno se han dado pasos importantes que exhiben similar deseo de cumplir de la manera más expedita posible, a pesar de que la puesta en vigor de lo pactado ha debido pasar, en muchos casos, por la aprobación de leyes que necesitaron antes la carta blanca de la «vía rápida» (el fastrack), conseguido no con pocos esfuerzos.

Así, puede hablarse de un «empujón» importante a la hoja de ruta de la paz los dos últimos meses.

Por un lado, el inédito traslado, por caminos abruptos, de casi 7 000 insurgentes para acantonarse en la veintena de zonas y puntos señalados para la desmovilización, y donde comienzan hoy a entregar las armas a una comisión de la ONU: un proceso que se desarrollará en tres etapas, la última de las cuales concluye en junio.

Por el otro, el legislativo aprobaba un poco antes la Ley de Amnistía, que con lentitud recién empieza a materializarse luego de que, el lunes, la Fiscalía colombiana anunciara su aplicación apenas a cuatro insurgentes.

Sin embargo, fuentes colombianas calculan que suman más de 4 000 guerrilleros los que pueden aspirar a ella (la amnistía no es válida para los delitos considerados de lesa humanidad, solo para los relacionados con el conflicto armado) e, incluso soldados y policías tienen espacio bajo el paraguas de la legislación.

Se supone que no deben pasar más de diez días entre la solicitud de amnistía de cada individuo, y la decisión del juez para hacerla efectiva, y ya vemos el retraso que acumula.

Obviamente el proceso es complicado y no tiene uno, sino varios frentes. Si bien es lo más visible para cierta parte de la opinión pública cuando se habla de paz, el desarme de la guerrilla no lo es todo. No puede olvidarse que hay que avanzar en otros puntos de los acuerdos que van a la zaga, dos de ellos trascendentes a nivel social: el referido al desarrollo agrario —eje del conflicto armado colombiano—, y el que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. Apenas en el segundo se ha anunciado algún paso…

No obstante, el mismo desarme está lleno de retos que no corren exactamente por cuenta de la insurgencia, y que van más allá de la falta de campamentos o hasta de comida en las zonas veredales donde permanecen. Por ejemplo, su seguridad una vez que entreguen los fusiles, y su plena inserción a la vida social y política del país, elementos intrínsecos al silencio de las armas, porque ellos no están capitulando, sino instrumentando lo acordado en una negociación.

En ese entorno se hace más visible la amenaza de los paramilitares, que siguen siendo una realidad a pesar de que el ultraderechista Álvaro Uribe blasonara de haberlos desmovilizado durante su mandato, y a quienes se adjudican no poco de las decenas de crímenes contra los líderes sociales y populares, en una cuantía que se incrementa y que el propio presidente Santos condenó hace unos días.

En su informe 2016-2017, Amnistía Internacional consideraba su presencia como alarmante. Según reportó Sputnik, la organización aseveró que elementos «disidentes» del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) «socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras».

Es una herencia de las políticas contrainsurgentes de terrorismo de Estado de otros tiempos. Pero la paz de Colombia sigue teniendo ahí otro reto.

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