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BRASILIA, julio 12.— Manifestantes empezaban a agruparse ya a primeras horas de la tarde en las ciudades de Recife, Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y esta capital, poco después del dictamen en primera instancia que condena a Luiz Inacio Lula da Silva a nueve años y seis meses de prisión, por actos corruptos no probados y ligados al escándalo de Petrobras y la investigación Lava Jato.
La convocatoria fue lanzada por el Partido de los Trabajadores (PT), bastión político de Lula, pero contaba con el respaldo de otras fuerzas políticas y movimientos sociales y populares que de inmediato se pronunciaron, en repudio a una decisión judicial que desde esos ámbitos se calificó como política.
Lula fue condenado por la supuesta comisión de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado por el Ministerio Público de haber recibido 3,7 millones de reales en propinas (más de un millón de dólares), mediante la reforma de un apartamento cuya propiedad le es atribuida sin que existan pruebas que lo confirmen, explicó PL, y a cambio de contratos beneficiosos para la constructora.
De acuerdo con los abogados de Lula, su inocencia fue comprobada por las declaraciones de 73 testigos. El hecho de que el propio Ministerio Público solicitara incluir nuevos declarantes —lo cual fue denegado por el juez Sergio Moro, a cargo del proceso y toda la operación Lava Jato— «reconoce que no disponen de pruebas de la acusación formulada». La defensa dijo que apelará.
«Pensé que mis acusadores iban a mostrar una escritura, un pago, alguna prueba. Pero no tenían nada», aseguró Lula al comparecer en mayo, por primera vez, ante el juez en Curitiba, respaldado por una muchedumbre que se congregó para apoyarlo.
Ahora, es difícil pasar por alto que su condena tiene lugar cuando el exlíder sindical puntea las encuestas con vistas a las elecciones previstas para 2018, lo que lo presenta como el político más popular del país. También ocurre en la semana en que la Cámara de Diputados ventila si envía a juicio al mandatario Michel Temer, contra quien sí se han presentado pruebas del pago de sobornos para que no salieran a la luz hechos más oscuros de corrupción.
Fuentes brasileñas consideraron como una «cortina de humo» el dictamen de Moro, aunque no es nuevo el interés de «sepultar» políticamente a Lula, contra el que existen incoados otros cuatro procesos.
Fuentes brasileñas explicaron que como se trata de un dictamen en primera instancia, todavía Lula no está inhabilitado para postularse.
