Entuertos dentro… y fuera de la consulta

Una polémica consulta popular tendrá lugar el 4 de febrero en Ecuador: someterá a consideración de la ciudadanía siete preguntas, de las cuales cinco significarían cambios en la Constitución

Autor:

Marina Menéndez Quintero

La posibilidad de que la controvertida consulta popular que tendrá lugar el 4 de febrero en Ecuador cuente con observadores internacionales podría asumirse como otra evidencia de lo mucho que le importa al actual Gobierno pero, también, de lo enconadas que son las diferencias entre quienes la promueven y los que la adversan.

No es usual, realmente, la presencia de veedores en una cita con las urnas como esta, que someterá a la consideración de la ciudadanía siete preguntas, de las cuales cinco significarían, de ser aprobadas, cambios en la Constitución.

En medio de las diferencias que el llamado diálogo nacional hizo aflorar en la gobernante Alianza PAÍS y sus principales figuras, la convocatoria al plebiscito terminó de profundizar la zanja ya abierta que sigue separando a unos y otros.

Mientras el ejecutivo defiende la consulta alegando que los temas contenidos en ella emergieron de propuestas de la propia ciudadanía, y que esta tiene derecho a expresarse, quienes la adversan hablan de ilegalidad del plebiscito —convocado mediante decreto presidencial—, y se les nota alarmados por potenciales cambios en la Carta Magna que en algunos casos, alegan, significarían una marcha atrás para la Revolución Ciudadana.

El ejemplo más descollante en ese caso, según sus denuncias, está implícito en la pregunta tres, relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Se propone al pueblo la suspensión del Consejo actual y la conformación de otro, de transición, cuyos miembros se escogerían de ternas propuestas por el ejecutivo y que tendría la posibilidad de «mover» completa la institucionalidad ecuatoriana, toda vez que la pregunta propone que esa instancia transicional «tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos (…)».

Otra de las preguntas que ha suscitado más polémica es la dos que, en bien de la «alternabilidad»,  sugiere cambiar la Carta Magna para prohibir que un mandatario pueda reelegirse más de una vez, lo que se interpreta como un mecanismo para impedir una eventual nueva candidatura del expresidente Rafael Correa a la primera magistratura.

Correa, precisamente, se ha erigido como el principal crítico del plebiscito y, como se sabe, regresó al país desde Bélgica —adonde partió por motivos familiares recién entregó el gobierno— y es el abanderado de la campaña del No.

La consulta, y el hecho de que el actual mandatario y su antecesor —fundador de Alianza País y líder de la Revolución Ciudadana—, ha profundizado el cisma en el partido de gobierno.

Así, constatamos en Ecuador un fenómeno no muchas veces visto: la emergencia de una oposición que salvaguarda el proceso y que ha nacido del mismo partido que hoy está sentado en el Palacio de Carondolet… también defendiendo, asegura, la Revolución Ciudadana.

La campaña de cara a la consulta se inició formalmente hace unos días con muchas agrupaciones inscritas, pero solo dos bandos contendientes: a favor y en contra. Las horas que corren son expectantes; las que sigan a los resultados podrían ser más complejas.

Más entresijos

Otros fenómenos que corren paralelos a la consulta también resultan conflictivos. Todos, sin embargo, nacen de un mismo sitio: las dos ópticas encontradas que se han ido dibujando dentro de Alianza PAÍS.

Entre tales sucesos sobresale el encarcelamiento de Jorge Glas y su condena, a mediados de diciembre, a seis años de prisión por presuntos vínculos con el mega escándalo Odebrecht que, se dice, no han sido probados.

Aunque su abogado defensor anunció que apelaría y ello dejó la sentencia en suspenso, Glas, detenido desde el 2 de octubre aun sin juicio, perdió igualmente la vicepresidencia al aplicarse la letra de la Constitución, según la cual un funcionario cesa en el cargo cuando está tres meses fuera del mismo.

De alguna manera, el proceso en torno a él también catalizó las diferencias. En medio de renuncias y sustituciones que siguen hasta hoy, a lo largo de aquellos tres meses la directiva del partido anunció la democión de su titular, el presidente Lenín Moreno, al alegar abandono de sus funciones, y nombró al excanciller Ricardo Patiño. El mandatario rechazó la redición y nombró a otros militantes.

Más tensiones

Nuevos remezones podrían venir a tenor con decisiones recientes de la lucha contra la corrupción, y luego de que la Contraloría notificara a Correa que está citado para declarar en una auditoría en curso sobre la deuda pública ecuatoriana.

Según se ha informado por medios locales, el proceso estará acompañado por una también cuestionada veeduría ciudadana que integran 11 personas, entre las que se cuentan empresarios, académicos y juristas, encargados de verificar la legalidad, fuentes y usos de lo adeudado.

Correa alega que esa deuda ya fue auditada, y asegura que la revisión es otra muestra de lo que ha identificado como persecución política. «Esto es regresar al país de los patricios, de los dueños de la patria…», dijo.

Poco después, la reciente confirmación por el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, de que se ha solicitado analizar el Decreto ejecutivo expedido por Correa antes de concluir su mandato en mayo, para mantener la seguridad de los expresidentes (por un año) y los exvicepresidentes (seis meses), resulta preocupante por sus posibles repercusiones.

Luego del análisis, dijo el titular, el presidente Lenín Moreno tomará una decisión. ¿Acaso se abrirán en Ecuador nuevos juicios políticos?

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