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La decisión del Departamento de Estado estadounidense de mantener la reducción del personal permanente de su Embajada en La Habana responde a motivaciones políticas y no tiene relación con la seguridad de sus funcionarios, dijo el director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, en su cuenta en Twitter, que cita PL.
La decisión afecta en particular a los servicios consulares de los que dependen miles de ciudadanos obligados a incurrir en gastos suplementarios en la búsqueda de visas en terceros países, recordó Fernández de Cossío.
De acuerdo con el funcionario, el Departamento de Estado reintroduce el término «ataque» cuando sabe perfectamente que en Cuba no ocurrieron agresiones o actos deliberados contra diplomáticos estadounidenses.
«Es falso que el personal diplomático de la Embajada esté o haya estado en riesgo», apuntó.
El Departamento de Estado anunció el viernes que se mantendrá de forma permanente la reducción del personal de su Embajada en La Habana, pese a los llamados de varios grupos a permitir el regreso de diplomáticos y funcionarios, recordó PL.
Mediante un comunicado, la agencia federal informó que a partir del 5 de marzo entrará en vigor un nuevo plan de personal permanente, mediante el cual la Embajada operará con los trabajadores mínimos necesarios para desempeñar tareas consulares y diplomáticas básicas.
De acuerdo con el texto, el número de personas que quedarán en la legación será similar al nivel de personal de emergencia mantenido tras la orden de partida dada el 29 de septiembre, cuando Washington retiró a más de la mitad de sus funcionarios con el argumento de incidentes de salud reportados por estos.
«La Embajada funcionará como un puesto no acompañado, definido como un puesto en el que no se permite residir a ningún miembro de la familia», agrega el comunicado.
El anuncio se hizo pese a reconocerse en el propio documento que aún no existen respuestas definitivas sobre la fuente o la causa de los presuntos incidentes de salud reportados, a los que el Departamento de Estado sigue llamando «ataques», e ignora el llamado de una delegación bicameral del Congreso que visitó Cuba el mes pasado y abogó por la normalización del trabajo en la Embajada en La Habana.
