Brasil: Política judicializada también para Gleisi

Como una agresión contra la izquierda y en particular contra Lula, han considerado observadores brasileños la acusación interpuesta por la Fiscalía General de Brasil, ahora contra Gleisi Hoffmann, elegida en el último congreso del Partido de los Trabajadores (PT)

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Juventud Rebelde

Brasilia, junio 19.— Como una agresión contra la izquierda y en particular contra Lula, han considerado observadores brasileños la acusación interpuesta por la Fiscalía General de Brasil, ahora contra Gleisi Hoffmann, elegida en el último congreso del Partido de los Trabajadores (PT) como su nueva secretaria general.

A Gleisi se le imputa de corrupción pasiva y lavado de dinero por, supuestamente, un millón de dólares desviados de Petrobras para financiar su campaña de 2010, dijo el periódico Brasil do Fato.

Sin embargo, las inconsistencias en la pieza de acusación indican que se trata de silenciar a la principal portavoz del encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva,  como parte de la ofensiva para impedir su participación en las elecciones generales de este año, estimó Carlos Árabe, responsable de Comunicación del PT.

En general, dijo, es un ataque al PT y a la izquierda; y, en específico, un ataque a Lula y al poder de representación de masas que tiene. En esa secuencia, Gleisi es el blanco que viene a continuación, afirmó. «Ella es la portavoz elegida por Lula, y reconocida por el partido, de nuestro candidato a la presidencia».

También la senadora petista desmintió las acusaciones en un video donde asevera que este es «un capítulo de la persecución de los fiscales de la Lava Jato contra el Partido de los Trabajadores».

Ello ocurre después de que, el jueves pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) prohibiera los interrogatorios forzosos de investigados e imputados, un recurso aplicado a los casos de la operación Lava Jato, dijo Telesur.

Con una votación de seis a cinco, el fallo del STF contra esta práctica conocida como «conducción coercitiva» ratifica que obligar a alguien a declarar es inconstitucional, a menos que ya se hayan agotado los demás recursos legales.

Ese método fue utilizado en 2016 contra Lula cuando el juez Moro envió a unos 500 policías federales a buscarlo para ser interrogado por un comisario.

Pese a la decisión, el STF aclaró que la medida no podrá utilizarse «en ninguna forma» de manera retroactiva, por lo que las declaraciones obtenidas de esta manera mantendrán su carácter legal, señaló Telesur.

No obstante, otras fuentes señalaron que hay un pedido de libertad para Lula a tenor de esa decisión, que el juez Edson Fachin, instructor del caso Lava Jato, decidió trasladar a la Sala II de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá esperar por el pronunciamiento de la fiscal general, Raquel Dodge, antes de someterlo a votación.

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