Los muchos rostros de la violencia

«#NosEstánMatando es la etiqueta y, al propio tiempo, la identidad de usuarios de esa red para denunciar el terrible aumento de activistas populares asesinadosen Colombia

Autor:

Marina Menéndez Quintero

De lo que la violencia social sigue significando en Colombia da cuenta un dramático hashtag en Twitter. «#NosEstánMatando es la etiqueta y, al propio tiempo, la identidad de usuarios de esa red para denunciar el terrible aumento de activistas populares asesinados cuando el país debería estar avanzando hacia una paz real.

Los números revelan la preocupación de representantes de distintos estamentos frente a una masacre selectiva y silenciosa que no extermina comunidades enteras, sino a quienes las orientan. 

Sesenta y nueve líderes sociales han sido privados de la vida en los cien días de Gobierno que lleva Iván Duque, apuntaba hace unos días Javier Salavarrieta (@javisalavata) y destacaba, entre la perplejidad y el pesar: «… Casi uno diario».

Pero las cifras y los períodos de tiempo que aquellas reflejan, se mueven según quien las emita.

En junio pasado, la Defensoría del Pueblo sacaba cuentas en torno a otros plazos y dígitos también significativos, como los 283 líderes populares que murieron violentamente en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana, en septiembre de 2016.

«Un asesinato político por día desde que se celebraron las elecciones presidenciales el 17 de junio pasado», analizaba por su parte un artículo del diario web El Espectador, para concluir que los datos reflejan lo mismo: «un aumento de la violencia contra los líderes comunitarios desde que las FARC (se refiere al otrora grupo guerrillero) cedieron terreno a otros grupos armados, en particular los grupos paramilitares que, supuestamente desmovilizados en 2006, se reorganizaron en grupos más heterogéneos y menos identificables…».

La conclusión resulta elocuente porque no refleja solo la inseguridad persistente después que la mayor organización guerrillera negoció la entrada en la vida política y la dejación de las armas, con lo cual se confirma su presupuesto de que la paz no llegaría con el silencio de los fusiles si no había también justicia social.

En efecto, hay otros grupos armados campeando por su respeto, a los que en mandatos pasados se les permitió o propició una ejecutoria de muerte para ayudar a las Fuerzas Armadas de Colombia en la lucha contrainsurgente.

Podría estar ahora a la vista una represión solapada que se burla de la génesis de la postura guerrillera en las conversaciones e, incluso, en su propio nacimiento como movimiento insurgente: lograr una vida digna y con derechos para los desposeídos, fundamentalmente, la amplia masa campesina.

En el contexto de tierras que siguen sin repartirse y de dirigentes locales perseguidos porque defienden a los del campo, un insólito mensaje impreso bajo el logotipo del grupo paramilitar Águilas Negras ha estado circulando estos días, también, en la red de redes.

En el texto, las Águilas anuncian que «Nuevamente nuestra organización tiene el propósito de seguir poniendo orden en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Colinto, Miranda. Dar muerte inmediata a los mal llamados líderes sociales quienes vienen promoviendo las invasiones a la propiedad privada con el discurso de liberación de la madre tierra afectando el de-sarrollo empresarial de la región».

Y declara el mensaje como «objetivo militar inmediato ya que no han querido abandonar sus cargos ni salir de la región», a 15 hombres.

Según el análisis de El Espectador, los asesinatos ocurren con mayor frecuencia en los territorios que fueron más afectados por el conflicto armado, en señal de su ocupación por los paramilitares una vez desmovilizada la guerrilla. Los crímenes, asegura, afectan principalmente a miembros de organizaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes.

Se trata de una violencia que se da «por fuera» del conflicto armado, como señalara la abogada y activista de la Corporación Colectivo de Abogados Juan Restrepo, Dora Lucy Arias.

«… Existe violencia antisindical, desplazamientos forzados, uso ilegal de la inteligencia. Las violaciones de derechos humanos de mayor relevancia, como las masacres y la generación de terror que deriva en desplazamiento para propiciar megaproyectos extractivos: todo esto nada tiene que ver con el conflicto armado, pero este sirve de excusa, de ocultamiento».

Pero ello tampoco quiere decir que salgan ilesos todos los guerrilleros acogidos a los Acuerdos. Hasta el pasado 6 de noviembre, cuando fue muerto a tiros el joven Wilmer Gerardo Meneses Hoyos en el camino a su casa, sumaban 80 los exinsurgentes asesinados luego de iniciado el proceso de paz, según un comunicado del partido Fuerza Alternativa del Común (FARC), que denunció «la puesta en marcha de un plan criminal contra nuestros integrantes».

La inseguridad planea incluso contra algunos de los propios líderes guerrilleros que sentaron a la Mesa con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Al encarcelamiento del excomandante Jesús Santrich —ahora objeto de trámites indagatorios por la Fiscalía colombiana luego de la solicitud que presentó EE. UU. para su extradición— se suma el paradero desconocido que se adjudica al también excomandante Iván Márquez, a tenor de amenazas que indicaban para él similar destino.

Tanto los asesinatos de insurgentes desarmados como de los activistas sociales constituyen nuevos puntos grises que atestiguan la defectuosa implementación que están teniendo los Acuerdos, más allá de preceptos firmados y no cumplidos, como el otorgamiento de curules en el Senado a representantes de las víctimas del conflicto. O los empujones de la bancada uribista por hacer que los crímenes de los militares no fueran juzgados en los tribunales de la Jurisdicción Es-pecial de Paz. 

Hay muchos peligros pla-neando.

Dardos contra la estabilidad 

Si bien estas amenazas a la concordia y la vida nacional tienen orígenes en la guerra y se insertan en lo que muchos llaman el posconflicto, otras llevan el cuño reciente del mandato del derechista Iván Duque, quien celebró sus primeros cien días sumergido en una anunciada ola de protestas que se inició esta semana en el sector universitario.

Las manifestaciones del jueves tuvieron, sin embargo, un inesperado signo unitario cuando los jóvenes —quienes llevan días tomando las calles— resultaron acompañados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), entre otros sindicatos.

También les respaldaron indígenas provenientes del departamento del Chocó, quienes habían llegado a Bogotá para pedir garantías a la vida de los defensores de los derechos humanos en sus comarcas.

Ellos tuvieron una actitud ejemplar cuando decidieron sumarse a los estudiantes. «El problema de uno, es el problema de todos», dijeron, según trascendió.

Hubo otros gestos que pudieran ser inquietantes para el statu quo, como los lemas y carteles donde se clamaba «Por la soberanía» junto a las consignas de «Resistencia».

En una convergencia de reclamos que no ocurría en Colombia hace algún tiempo, la exigencia de mayor presupuesto para la Universidad —donde se dice había débitos a la llegada de este ejecutivo— se da la mano con el rechazo a la llamada Ley de Financiamiento, que se alista frente al hueco fiscal de 12 billones de pesos avizorado para el año entrante, y significará una reforma tributaria.

Están en contra no solo los dirigentes gremiales, sino diputados del propio Centro Democrático de Duque, y hasta opositores de la derecha como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien afirma que no resultará eficaz.

Se ha dicho que el proyecto, ya radicado ante el Congreso, busca reducir la evasión fiscal y modificar el sistema tributario, entre otros propósitos.

Bajará la renta que pagan las empresas para darles más competitividad; pero contempla un incremento del IVA a casi todos los productos de la canasta familiar, lo que muchos dicen que elevará la inflación, disminuirá el consumo y provocará más inequidad.

¿Más peso sobre los que tienen menos? ¿O tal vez más pobres en una sociedad donde el índice de pobreza parece me-dirse mayormente en las ciudades, sin contar a los desposeídos en el campo?

Ello sería dar color a otras caras de la violencia.

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