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BRASILIA, diciembre 21.- El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva calificó su condición en la cárcel de Curitiba como la de «un rehén». «Quien no entiende eso, no entiende lo que ha pasado conmigo», escribió en su cuenta en Twitter.
El mensaje fue publicado por el equipo de asesores de Lula, dijo Telesur, en un intento de aquellos por comunicar su situación, tras su apresamiento en abril de este año bajo supuestos delitos de corrupción no probados en torno a la presunta posesión de un apartamento en Curitiba.
La misiva aclara la situación a la que se somete al exmandatario luego que José Antonio Dias Tóffolli, juez del Tribunal Supremo, anulara la decisión del magistrado Marco Aurelio Mello, quien sentenció la liberación de los privados de libertad con una segunda condena en todo el territorio brasileño, como es el caso de Lula y de otras 196 300 personas en Brasil.
Sin embargo, Dias Tóffolli detuvo ese dictamen judicial, atendiendo una petición de la Fiscalía General.
Lula permanece en prisión desde abril luego de ser sentenciado, en segunda instancia, a 12 años y un mes de cárcel por los supuestos actos corruptos que han sido negados por el líder del Partido de los Trabajadores (PT), y en torno al cual no se han presentado pruebas.
El pronunciamiento de Mello también toma en cuenta el respeto a la «presunción de inocencia», figura recogida en la Constitución y violada con el encarcelamiento a Lula sin que se hubieran agotado ni respondido todos los recursos presentados por la defensa.
Ahora, Mello se apoyó precisamente en el artículo de la Carta Magna según el cual una pena de prisión solo se puede cumplir cuando sea firme, lo cual ocurre tras lo que en Brasil se conoce como «tránsito en juzgado», que supone el fin de todo el proceso de apelaciones, que llega hasta la cuarta instancia, explicaron otros medios de prensa.
Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema y ratificada este año en una ajustada votación que acabó 6-5, contempla la posibilidad de que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia.
Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modifican la sentencia, según explicaron quienes la defienden.
Los fiscales responsables por la llamada Operación Lava Jato, que llevó a prisión a Lula y a dirigentes de una decena de partidos, se plantaron frente a la decisión y consideraron que si no era anulada se «consagraría la impunidad».
El Partido de los Trabajadores (PT) se movió con rapidez y llegó a solicitar formalmente la excarcelación de su máximo líder. «Se hace necesario darle inmediato cumplimiento a la decisión emanada de la Suprema Corte», alegaron los abogados de Lula, luego de una cautelar dictada a petición del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), un histórico aliado del PT y de Lula, el mismo día en que la Corte Suprema inició un receso que durará hasta el próximo mes de febrero. Ello generó aún más polémica sobre la posible excarcelación de Lula y otros políticos, apuntó EFE.
Sin embargo, la jueza responsable del caso supeditó la libertad de Lula a la posición que adoptaría sobre el asunto la Fiscalía General.
Ese organismo lo hizo de hecho, pero con una apelación que presentó contra la cautelar apenas unas horas después de que fue dictada, y que fue finalmente negada por Dias Tóffoli.
En su sentencia, el presidente de la Corte Suprema coincidió con la Fiscalía General en que una excarcelación cautelar de aquellos que serían beneficiados podría «causar una grave lesión al orden, a la salud, la seguridad y la economía pública».
Dias Tóffoli arguyó además que no podía dar lugar a una cautelar que «contraría una decisión soberana ya tomada por la mayoría del pleno» del Supremo, tanto en 2016 como este mismo año.
También consideró que el asunto no requería «ninguna urgencia» como para ser decidido en forma cautelar, sobre todo cuando ya ha sido anunciado que la Corte Suprema volverá a discutir el asunto de la prisión después de la segunda instancia, en una sesión prevista para abril próximo.
La situación jurídica suscitada ahora es similar a la que sacudió a Brasil en julio pasado, cuando un domingo un juez de guardia en el tribunal de segunda instancia que condenó a Lula, dictó una cautelar en el mismo sentido de la dictada hoy por el magistrado Mello, pero solo en beneficio del exmandatario.
Esa decisión fue anulada el mismo día, así como ocurrió esta vez, pero no impidió que a lo largo del año la justicia recibiera unas 200 demandas contra la prisión después de segunda instancia, las cuales fueron rechazadas una a una.
