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Estas imágenes son en El Paso, Texas, cuando están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. De acuerdo con Women's Refugee Commission, en un centro de detención familiar el ICE paga a la administración del lugar 319 dólares por cama, diariamente, y en el centro de detención en Homestead, el costo diario por niño es de 775 dólares. Autor: The Washington Post Publicado: 31/08/2019 | 07:53 pm
Los fiscales generales de 19 estados y el Distrito de Columbia presentaron el pasado lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, por modificar el período de detención de los niños migrantes implementando encierros prolongados, con lo cual cambiaría lo establecido hasta ahora vigente que solo daba un plazo de 20 días para mantener retenidos a los menores indocumentados.
California encabeza esta demanda, impugnación que se preveía y que constituye un desafío a lo que acaba de regular el Departamento de Seguridad Nacional, el cual deshace el llamado Acuerdo de Flores de 1997 que, además de limitar el tiempo de detención, establecía pautas mínimas para las condiciones sanitarias y de seguridad en los centros de detención, y debía brindar a los niños la satisfacción de necesidades básicas como alimentos, agua y atención médica, algo de lo que adolecen los centros de detención, como se ha estado evidenciando en controles y visitas a estos.
Cuando se dio a conocer la demanda, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado: «Una vez más, el presidente Trump ignora los derechos humanos básicos y utiliza a los niños inmigrantes indefensos como peones políticos para promover su agenda ideológica».
Esta es la sexagésima ocasión en que el estado del oeste estadounidense toma una acción legal contra el Gobierno trumpiano, y en este caso se recuerda que la regulación requiere la aprobación de un juez federal antes de su entrada en vigor, en un lapso de 60 días tras su publicación en el Registro Federal (la Gaceta oficial de EE. UU.), lo que avizora una batalla legal tal cual ha ocurrido con otras medidas de hecho represivas o excluyentes dictaminadas por Donald Trump, como aquella de prohibir la entrada de los ciudadanos de al menos siete naciones árabes o musulmanas.
La decisión contra el Acuerdo Judicial Flores aumenta el bagaje discriminatorio, xenófobo y racista de Trump y engrosa sus acciones arbitrarias y abusivas.
El nombre de Flores para el acuerdo que Donald Trump quiere segar de cuajo, tiene su origen en la principal protagonista de una larga batalla judicial iniciada en nombre de Jenny Lisette Flores, una migrante de 15 años, quien huyó de El Salvador en 1985, para rencontrarse con su tía, y que tras 12 años de litigio logró establecer las reglas que por decisión legal garantizaban los derechos de los menores llegados por la frontera.
Trump añadió un elemento incongruente en la polémica legal cuando en abril pasado criticó el Acuerdo Flores, y dijo: «La decisión de Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país. Y estamos trabajando en eso (para eliminarlo)».
Con razón no pocos afirman que Trump es un desastre para el país, aunque también su posición fanática e intransigente recibe el apoyo incuestionable de otra parte sustancial de la ciudadanía estadounidense, incluso de elementos que abogan y creen en la supremacía blanca.
Si no fuera tan serio el asunto, podría ser nuevamente objeto de burlas, pero lo que prima es la mayor de las hipocresías. El actual secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, manifestaba que la norma que pondrán en el Registro Federal «garantiza que todos los niños bajo custodia del Gobierno de los EE. UU. sean tratados con dignidad, respeto y preocupación especial por su vulnerabilidad.
Un compromiso poco creíble toda vez que por ejemplo, desde el pasado diciembre y hasta finales de mayo habían fallecido bajo custodia de la Patrulla Fronteriza o del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) cinco menores guatemaltecos.
La decisión ante el escándalo creado y el rechazo de grupos de defensa de los migrantes y otras instituciones luego del segundo fallecimiento fue someter a los niños inmigrantes a controles médicos más completos tan pronto como sea posible luego de ser detenidos. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que eran «medidas de protección extraordinarias», pero siguieron sucediéndose las víctimas fatales.
Centros de detención o campos concentración
A mediados del año 2014, siendo presidente Barack Obama y 17 años después del Acuerdo Flores, ya existía una crisis migratoria en la frontera sur estadounidense, a donde habían llegado más de 40 000 menores no acompañados y una cifra similar de familias en busca de asilo, por lo que tomó la decisión de crear centros temporales en diversos puntos de la geografía estadounidense para procesar los casos de deportación. Pero sencillamente las cortes de inmigración colapsaron y también se sobresaturaron los centros de detención.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto a otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, demandaron al Gobierno de Obama y meses después una corte de distrito de California dictaminó que ICE violaba el acuerdo al mantener encerrados a menores de edad en centros restrictivos por más tiempo del permitido.
En honor a la verdad, Trump hereda esa situación, con el agravante de que para cumplir su promesa electoral de dar por terminada la situación impone su política de tolerancia cero, engendro extremo de miedo y castigo, tanto para los que protagonizan el éxodo como para las naciones del vecindario sur que aportan las muchedumbres, que en su mayoría huyen de condiciones de pobreza y violencia extendida.
Entonces, Trump mantiene la separación familiar pese a las muchas críticas dentro y fuera de Estados Unidos e incluso de decisiones judiciales que determinan concluir con esa política. En junio de 2018, el juez federal de distrito Dana Sabraw ordenó poner fin a la práctica y le dijo al Gobierno que reuniera con sus familias a más de 2 700 niños bajo custodia de las instituciones de migración.
Pero el 30 de julio de 2019 la agencia noticiosa AP reportaba que más de 900 niños migrantes habían sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos desde el fallo del juez Sabraw. Uno de cada cinco de esos niños tienen menos de cinco años y algunos de ellos son bebés, informaban los medios, según denuncia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Hacer caso omiso a los dictámenes judiciales, leyes y acuerdos parece ser un hábito en el mandatario y como su objetivo es disminuir la migración como sea, decidió ahora cercenar «las Flores».
En la actualidad existen no menos de 200 lugares en EE. UU. en los cuales el ICE tiene detenidas diariamente más de 50 000 personas, en su mayoría inmigrantes sin papeles, refugiados y solicitantes de asilo latinoamericanos, y se entroniza la separación de los hijos de sus padres o tutores. La instalación para menores migrantes más grande del país está en Homestead, Florida, cuyas condiciones han sido descritas por los defensores de los derechos de los inmigrantes como «parecidas a una prisión».
Médicos, expertos, sicólogos y abogados enfatizan en que los menores separados de sus padres o familiares sufren daños emocionales y sicológicos severos. Un reportaje de Univision, de finales de junio, apuntaba que en una visita al centro de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Clint, Texas, lo catalogó como «lugares de tortura», pues además de la separación familiar «se les privó de elementos básicos como el jabón, el agua potable, un baño, usar ropa limpia o cepillarse los dientes. Muchos de ellos estaban enfermos como consecuencia del hacinamiento y no recibían tratamiento médico».
Detrás de este trato inhumano a los indocumentados —niños o adultos— se encuentra un gran negocio, que involucra al menos a una docena de empresas privadas, pero donde las principales son Geo Group y CoreCivic.
La prolongación de los tiempos de retención de menores y de sus tutores decidido por la actual administración implica que serán mayores sus ganancias. De esta manera, EFE informaba que en el primer trimestre de este año Geo Group ha logrado un beneficio de 40 millones de dólares, por 35 del mismo período de 2018, mientras que CoreCivic cerraba con beneficios de 41 millones. Sencillamente sacan ganancias de la tragedia.
El año pasado, un ejecutivo de Geo Group explicaba a sus inversores que con el incremento constante de los cruces fronterizos aumentaban las detenciones y «esperamos que eso siga incrementando nuestra tasa de ocupación y ofrezca oportunidades para nuevos contratos de centros».
La mano dura de Donald Trump solo puede llevar a mejores contratos para quienes lucran con el dolor ajeno. Desde que comenzó este año fiscal en octubre pasado, la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 430 000 familias —padres e hijos viajando juntos— y las decisiones de la Casa Blanca son incuestionablemente perversas.
