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El caso Lula y Lava Jato: ¿Verdugo al banquillo?

Los cuestionamientos a la ejecutoria parcializada y políticamente intencionada del hoy ministro de Justicia, Sergio Moro, son cada vez más evidentes

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Mientras el Supremo Tribunal Federal de Brasil sigue sin someter a debate los dos pedidos de habeas corpus presentados por la defensa de Lula, parecen avanzar, desde la otra punta de su espurio proceso, los cuestionamientos a la ejecutoria parcializada y políticamente intencionada del hoy ministro de Justicia, Sergio Moro.

Ello invita a preguntarse si las develaciones hechas por el sitio The Intercept serán finalmente tomadas en cuenta para examinar y probar las malas artes del exfiscal de Lava Jato, lo cual podría dar al traste igual con la injusticia contra el líder del Partido del Trabajo aunque los tribunales no proclamen, directamente, la conocida inocencia de Luiz Inácio Lula da Silva.

Las decisiones que inclinan la balanza hacia ese lado se suceden los últimos días. Y aunque los acontecimientos en torno a Lula siguen definidos por el cariz político que su encierro tiene —pues hay razones contundentes para que fuera liberado ya—  podría pensarse que el peso de las develaciones de The Intercept está abriendo brechas en el manipulado sistema judicial, y que estas podrían desenmascarar legalmente a Moro.

Las señales en tal sentido son varias, aunque es una hipótesis donde se arriesga el pellejo: Sergio Moro fue el artífice de la victoria de Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre de 2018 al arrestar a Lula, y es difícil creer que el mandatario, quien le debe la presidencia, permita que se ponga en la picota su cabeza.

Pero también podría haber presiones sobre un mandatario acerca del cual crecen en Brasil las opiniones adversas —su impopularidad subió, según encuestas, al 54 por ciento— y de quien se dice que ha sufrido no pocas fricciones con el sector al que perteneció y del que tanto blasona: los militares.

Unos y otros —buena parte de la población y la fuerza armada— estarían descontentos por la ejecutoria «tan neoliberal» que comanda el ministro de Economía, Pablo Guedes; sin contar la pésima imagen que ha dejado de Bolsonaro su «mal manejo» de la crisis desatada por los incendios en la Amazonía —que él propició favoreciendo al agronegocio y aniquilando todos los sistemas de vigilancia y control sobre el pulmón verde—, así como su agria disputa, por ello, con países miembros de la Unión Europea, y   principalmente el presidente francés Enmanuel Macron.

En medio de ese panorama, y estando a la luz las reveladoras y probatorias conversaciones privadas de Moro y otros fiscales en la red Telegram cuando «armaban» el proceso, el Consejo de Derechos Humanos de Brasil visitó por fin a Lula esta semana en su prisión de Curitiba, y ha dicho que si se comprueba que hubo violación a sus derechos constitucionales durante su apresamiento —una excusa, pues esa violación es obvia— pediría la anulación del proceso, no sin haber escuchado a Moro y a un fiscal fuertemente implicado en las mentiras usadas para fabricar «el caso» y las ocho causas incoadas contra Lula: Deltan Dallagnol.

Es algo. Más importante, sin embargo, resulta el trascendido  divulgado esta semana por el diario Folha de Sao Paulo, según el cual el Supremo Tribunal Federal prepara un estudio a fondo acerca de las denuncias realizadas contra Moro y otros fiscales de Lava Jato, que sería visto en octubre.

Lo relevante es que, según la publicación, habría cambiado la «correlación de fuerzas» en la segunda sala del Tribunal, donde debe examinarse lo concerniente a Lula, y la misma que dejó sin efecto, a fines de agosto, la condena al exdirector de Petrobras, Aldemir Bendini, tras considerar que el exfuncionario no tuvo derecho a una legítima defensa. Aquel fue un juicio en circunstancias similares a las que prevalecieron en la condena a Lula, por lo que todos esperan cuándo el mismo principio será considerado válido para el exmandatario.  

A tenor con Folha de Pao Paulo, no solo el magistrado Gilmar Mendes, quien ha estado a favor del habeas corpus, acompañarían la decisión de reanalizar el caso. También otros tres jueces de los cinco que integran la sala compartirían el deseo de reabrir el proceso: Ricardo Lewandowski, quien ya se había opuesto a la condena según Folha de Sao Paulo, y los ministros Celso de Melo y Carmen Lúcia, que estaban en contra de la defensa de Lula y habrían cambiado de parecer luego de la investigación de The Intercept. Solo quedaría en contra el magistrado Edson Fachim. 

Ello significaría una puerta para la justicia y, técnicamente, el resorte que la abriría sería la culpabilidad de Sergio Moro, y no la inocencia sabida de Lula.

Es, de algún modo, lo mismo que dijo el líder del PT en reciente entrevista concedida al diario argentino Página 12, donde volvió a percibírsele seguro e inequívoco: «Ya probé mi inocencia, lo que quiero es que ellos prueben mi culpabilidad».

Pero, ¿se dejará valer la verdad? El poder y el interés político que maniata al sistema judicial de Brasil, hasta hoy, pesan más que la justicia. Lula tampoco lo ignora, como reflejó el periodista Ignacio Ramonet, luego de visitarlo en Curitiba el pasado día 11.

«No ignoro la cantidad de juicios que hay contra mí. No creo que ellos me liberen, dijo el exmandatario. Si el Tribunal Supremo me declara inocente, ya hay otros juicios en marcha contra mí para que nunca salga de aquí. No me quieren libre para no correr ningún riesgo... Eso no me da miedo... Yo estoy preparado para tener paciencia (...) Yo tengo conciencia de mi rol. No voy a abdicar».

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