Milicianos de Hizbolá examinan en Bodai, en el este libanés, el área donde aterrizó este sábado la fuerza aerotransportada israelí. Foto: Reuters Si alguien se hizo ilusiones de que Israel le haría caso a la ONU, ahora tiene oportunidad de despertar.
La resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que EE.UU. y Francia estuvieron cocinando durante un mes y que Tel Aviv dio por buena, está a punto de engrosar la larga lista de papeles inservibles que emanan de ciertas instancias internacionales. Se suponía que el documento exigía un alto el fuego, un «¡basta!», un «stop!». Sin embargo, una fuerza aerotransportada israelí incursionó en el valle de la Bekaa (cerca de la frontera con Siria) para secuestrar a miembros de Hizbolá, y perdió un militar en la acción.
Sí, porque no fue sencillo. Uno de los soldados, consultado por el diario Haaretz, dijo que sus vehículos se hallaron de pronto bajo intenso fuego. «Tuvimos mucha suerte de que la operación no resultara en diez bajas mortales en nuestra unidad», aseguró.
Era de esperar algo así de un momento a otro. El legislador y pacifista israelí Uri Avnery, advertía en días pasados que el patinazo de Israel en su intento de acabar con el grupo chiita libanés, dejó un sabor amargo en la cúpula militar sionista, cuyos generales ya hablaban de retomar la agresión «dentro de un año, o quizá dentro de un mes».
Según se nota, había prisa: menos de una semana después, ya Israel ejecuta una acción ilegal en el País de los Cedros. Una operación violatoria del cese el fuego. Y la justifica, arguyendo la necesidad de frenar el envío de armamento desde Siria e Irán a Hizbolá.
Si se tomara por cierto el pretexto, bastaría entonces con preguntar: ¿y dónde está el alijo de armas iraníes o sirias que confiscaron? ¿Las puede mostrar Israel, para ayudar al «creer» de la opinión pública?
El gobierno libanés ha calificado el hecho como una violación del alto el fuego, y ha advertido que se podría reconsiderar el despliegue de su ejército en el sur del país, consciente de que si algo no les gustaría a las autoridades israelíes es que Hizbolá retome el lanzamiento de cohetes Katiusha contra su territorio.
Sin embargo, Tel Aviv insiste en que no ha infringido nada. Simplemente, como apuntó un portavoz de su cancillería, «Israel tiene derecho a actuar en defensa del principio del embargo de armas». La interrogante sería: ¿y en qué lugar de la resolución 1701 se le asigna al Estado sionista la función de policía de fronteras? ¿No queda ese asunto en manos del gobierno libanés y de las tropas de la ONU?
Lo que acaba de acontecer, no obstante, era lluvia anunciada. El propio documento de Naciones Unidas —en ciertos puntos tan ambiguo— lo ha facilitado. El texto pide, en su primer punto, «una cesación total de las hostilidades, basada, en particular, en la cesación inmediata por Hizbolá de todos los ataques, y en la cesación inmediata por Israel de todas las operaciones militares ofensivas».
Ahora, ¿quién convence a Israel de que su incursión en la Bekaa era de carácter «ofensivo»? Tel Aviv simplemente se «defiende», saltando a un patio ajeno y arrancando lo sembrado. «¿Operaciones ofensivas? Claro, las detendremos. Solo mantendremos las defensivas…».
Si el gabinete israelí persiste en esta curiosa interpretación de la letra, nadie se extrañe de que el período de calma dure menos que un merengue ya saben ustedes dónde.
