Los impunes se resisten

Autor:

Marina Menéndez Quintero

La ESMA, verdadera meca de la tortura. Foto: www. apdhlaplata.org

El ejercicio de la justicia en relación con los crímenes de la dictadura argentina avanzó otro paso, luego de que el juez Sergio Torres dictaminara este jueves el procesamiento de más de tres decenas de represores que actuaron en la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Lo más destacado por muchos medios ha sido la decisión del magistrado de imponerles embargos descritos como millonarios, y relacionados con los hechos de que se les acusa. Pero lo trascendente es, sin duda, la comparecencia ante los tribunales de nuevos responsables de los crímenes que segaron la vida de 30 000 argentinos.

La derogación en el año 2003 de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida —que aseguró la impunidad a la oficialidad media bajo el supuesto de que cumplían órdenes de sus superiores— levantó las barreras y ha abierto la posibilidad de iniciar hasta un millar de procesos.

El fallo del magistrado Torres incluye la prisión preventiva para 33 ex jefes militares y policías de la ESMA al mando del almirante Eduardo Massera, sindicados apenas por 617 casos de privación ilegal de la libertad —llámese mejor desapariciones forzadas—, y por torturas. Repasar la lista es un viaje al infierno creado por ellos en los sótanos de la Escuela, clandestino campo de concentración por el que pasaron cientos, seguramente miles de personas; entre ellas, las monjas francesas Leoni Duquet y Alice Domon.

A la luz del dictamen de Torres cobran cuerpo los testimonios de quienes sobrevivieron el terror y permiten identificar claramente, por ejemplo, a Alfredo Astiz, el denominado «ángel rubio de la muerte» cuya apariencia de joven angelical le permitió infiltrarse en las reuniones de los familiares de desaparecidos que clamaban por sus deudos, y actuar no solo como represor, sino como informante. Gracias a él fue secuestrada y asesinada en la ESMA, Azucena Villaflor, una de las primeras madres que había tomado la Plaza de Mayo.

Carlos Guillermo Suárez Mason, el hijo del fallecido general con sus mismos apellidos, y Jorge «El Tigre» Acosta —identificado en las memorias sobre la ESMA como uno de los oficiales más sanguinarios y la virtual mano derecha de Massera—, también está entre los encausados.

Pero los desmanes cometidos en la ESMA no se limitaron a la vejación, la tortura y el crimen. Es el detalle que podría hacer singulares en los embargos decretados por el juez Sergio Torres. El año pasado, la justicia había dictado ya el procesamiento, prisión y embargo sobre Enrique Eduardo Massera, el hijo mayor del almirante, acusado de la apropiación de los bienes de empresarios secuestrados y asesinados en la ESMA, por orden de su padre.

Según el reporte de Página Doce, aquel proceso constituyó el «primer avance judicial» de lo que el diario denominó «estructura civil de la rapiña dictatorial». Y el juez fue el mismo Sergio Torres.

«De persistir en esa línea de investigación —había advertido la articulista—, Torres sería el primer juez que avanza sobre la red civil que colaboró en el enriquecimiento de los oficiales de las Fuerzas Armadas, a expensas de las propiedades de sus víctimas». Se trataba, reportó Página Doce, de una suerte de empresa para proceder con las posesiones materiales de las víctimas, con la misma saña que con sus hijos robados, a quienes despojaron de su historia cambiándoles la identidad. A la apropiación de bienes le llamaron «Proceso de Reorganización Nacional».

Sin embargo, el avance que significa el dictamen más reciente de Torres choca con el misterio que rodea al caso impensable pero cierto de Julio López, un «desaparecido» que sobrevivió a la dictadura militar y, evidentemente, secuestrado de nuevo ahora, hace ya tres meses, luego de declarar como testigo trascendental en el juicio contra el comisario de la policía de Buenos Aires y connotado represor, Miguel Etchecolatz.

Para muchos, la desaparición del septuagenario López constituyó la primera intimidación en firme de quienes hace rato amenazan contra el ejercicio de la justicia en Argentina y la apertura de nuevos juicios.

Marchas y manifestaciones para exigir su aparición con vida tuvieron lugar esta semana, al cumplirse 90 días del último en que se le vio salir de casa con destino al tribunal... No se trata solo del derecho a la justicia de un pueblo que fue masacrado. El caso de Julio López aporta nuevas razones para argumentar por qué es tan necesario cortar alas a la impunidad.

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