Apenas unas horas después de comprobarse el contundente triunfo de los defensores de la Patria Altiva y Soberana en las elecciones para la Constituyente, el presidente Rafael Correa ha «entrado en materia» al decretar que el Estado se quedará con el 99 por ciento de las ganancias extras que, en virtud del aumento en los precios del crudo, están obteniendo en Ecuador las compañías privadas extranjeras participantes en la explotación del petróleo.
Quienes han votado a favor de la dignidad y por el desarrollo nacional, seguro aplaudirán que el gobierno no haya esperado por el nuevo texto constitucional que redactará la Asamblea.
Aunque las compañías afectadas se han declarado sorprendidas, la medida parece un buen adelanto de la gestión liberadora que el ejecutivo quiere desempeñar, y había sido anunciada por decisiones tan radicales como la virtual ruptura de Quito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la expulsión del representante del Banco Mundial.
Para algunos analistas, el decreto significa un cambio radical de las reglas del juego en el estratégico sector de los hidrocarburos, en tanto otros no pueden evitar compararla con la nacionalización dictada por Evo Morales en Bolivia o, los nuevos contratos que la revolución pacífica de Hugo Chávez provocó también, en su momento, en Venezuela.
Correa ha reiterado que su «modelo» será autóctono. Pero sería imposible mitigar las necesidades de la sociedad, si las transnacionales se llevan la mejor parte de las ganancias. Con más dinero en las arcas, el Estado ecuatoriano podrá hacer más por un pueblo donde es ostensible la consabida brecha social que atraviesa a toda América Latina.
Tampoco es nueva la preocupación por las cuantiosas utilidades que quedaban en manos de las compañías foráneas exploradoras y explotadoras del crudo. El mismo Congreso que ahora patalea por su posible suspensión cuando tome posesión la Constituyente —aunque entonces, con otros miembros— boicoteó cuanto pudo el deseo del ex presidente Alfredo Palacio por reformar la Ley de los Hidrocarburos, justamente, para que las empresas de afuera se llevaran menos. Apenas el año pasado se logró que la división de bienes quedara 50-50, en una ecuación injusta que, todavía, algunos se atrevían a llamar «equitativa». Sin embargo, el petróleo constituye el principal rubro de exportación del país, y sus ingresos significan más de la tercera parte del presupuesto.
Con inconformidad esperada, la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador —que agrupa a las empresas locales y foráneas— amenazó que recurrirá a instancias internacionales, mientras se propala el rumor de que los inversores se irán, y un etcétera tan largo como ha sido el saqueo de las riquezas naturales latinoamericanas.
Firme, el gobierno ha recordado que los recursos del subsuelo son propiedad inalienable del Estado y que, por ello, está facultado para determinar la política a seguir, en función del interés nacional. Pero ninguna respuesta podría ser más convincente que la ofrecida por Correa: «(actuamos) en nombre de la revolución ciudadana», recordó.
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