Costa Rica: después del referendo

Autor:

Marina Menéndez Quintero
El conteo de las boletas favoreció al «SÍ». Foto: Reuters La llamada agenda de implementación que deberá aprobar el Congreso de Costa Rica para que el TLC se materialice, podría ser nuevo escalón en la batalla de los amplios sectores sociales que lucharon por el «NO» en el referendo del pasado 7 de octubre.

Junto con la confirmación del cuestionado triunfo del «SÍ», por tres puntos de diferencia, en la consulta, afloran en estos días las denuncias de líderes estudiantiles y sindicales inconformes con una puntuación sobre la que no hay quejas de orden técnico, pero sí por las manipulaciones del ejecutivo con el apoyo de Estados Unidos, durante el proceso previo al encuentro con las urnas.

«Campaña del miedo» es término que se vuelve a escuchar cuando algunos dirigentes del amplio y heterogéneo movimiento por el NO valoran los resultados, y recuerdan las «advertencias» acerca de los males que no votar por el TLC, llevaría a Costa Rica.

Sin embargo, parece que se impondrá la consideración del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, de que el escrutinio fue transparente. Sin pruebas que argumenten un fraude abierto, eso es lo que cuenta.

Aunque, en una primera reacción, los defensores del «NO» habían advertido que esperarían el definitorio conteo manual de las papeletas para pronunciarse, ya es ostensible la toma de posiciones. El líder del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís —una de las más enfáticas voces del «NO»—, habría manifestado que los representantes de esa agrupación en el legislativo dejarían tomar curso a las 13 leyes que es necesario aprobar —la agenda de implementación— para que el TLC camine, con la condición de que al propio tiempo se aprueben medidas que mengüen el impacto del tratado sobre los grupos más vulnerables de la sociedad.

Aunque se afirma que, de cualquier modo, los partidarios del «SÍ» tenían ya los curules que necesitan en el legislativo, analistas y dirigentes del «NO» esperaban que allí se diera la próxima lid, con la discusión, justamente, de las nuevas leyes. Es un paso imprescindible para que llegue a puerto el barco del TLC, porque no tener las legislaciones listas cuando concluya febrero de 2008, dejaría sin validez el texto firmado ya por Arias y Bush. Sin embargo, la primera discusión en el Congreso debió posponerse este viernes, por ausencia de algunos de los propios diputados oficialistas. Sin conceder en todo, el Partido Acción Ciudadana también se retiró, evitando que sus miembros fueran quienes le dieran el quórum.

Según se ha explicado, las normas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA) regulan que el convenio debe entrar en vigor en el último de los países que lo implemente, no más de dos años después de que lo hiciera el primero. Y El Salvador lo puso en práctica a inicios de 2006.

Ello explica las esperanzas que algunos tenían de que hubiera un freno dentro del propio Congreso.

Tampoco las posiciones en el amplio espectro que se había nucleado alrededor del «NO», parecen totalmente homogéneas. No es que alguien haya cambiado de criterio y entienda ahora que es conveniente el tratado, porque si algo distinguió a la campaña del «NO», es que se hizo sobre la conciencia. Pero, a la distancia, se adivina la redefinición de tácticas que el cambio de la situación implica, lo que demandaría la adopción de nuevas posturas conjuntas.

En declaraciones al periódico La Nación acerca de la primera reunión posreferendo en el frente opuesto al tratado, Eduardo Trejos

—su vocero hasta hace pocos días— comentó que cada comité patriótico miembro del movimiento ha quedado en libertad de decidir si reconoce el resultado de la consulta y si lucha contra la aprobación de las 13 leyes de implementación.

Según declaró Trejos, «se está en un proceso de recomposición de todo el movimiento, de evaluación, de análisis crítico de lo acontecido y de lo que está por acontecer».

Por su parte, líderes sindicales y estudiantiles comentaron al propio diario que la reunión se pronunció, mayoritariamente, por la no aceptación de los resultados pues hay gremios que no los reconocen, y se opondrán a las leyes. En ese contexto aflora el anuncio de una posible huelga general que dichos sindicatos, junto a los estudiantes, estarían preparando.

Trejos ha considerado que el reanálisis actual no desarticula al movimiento formado alrededor de la lucha contra el TLC y, que por el contrario, lo fortalece.

Además de los perjuicios económicos y la filiación a Estados Unidos que la instauración del tratado de libre comercio certifica, ese es el otro saldo del referendo en Costa Rica: la visualización de un nuevo sujeto social que, si se mantiene unido, podría hacerse sentir mucho todavía.

Mientras, alguno estima que el gobierno tico resolvió poco con el referendo al pretender que este legitimara la medida. El estrecho y controvertido triunfo de un «SÍ» salpicado de denuncias, no ha convencido a toda la ciudadanía.

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