La presión de la gigante estadounidense Exxon Mobil sobre PDVSA ha encontrado la respuesta lógica de la empresa venezolana, que el martes suspendió los vínculos y el suministro de crudo a la transnacional.
Foto: Prensa Miraflores No podía ser otra la reacción luego de la medida artera de Exxon que, primero, «no logró» llegar a un acuerdo cuando la estatal venezolana, en uso justísimo de su derecho, planteó la renegociación de los contratos con distintas petroleras privadas que explotan el crudo en su país, para ser socia mayoritaria en los negocios. Un año después, sin embargo, Exxon se declara «expropiada», acude al arbitraje internacional y, además, obtiene de una corte de Estados Unidos el dictamen cautelar que congela más de 12 000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en tanto los tribunales internacionales dirimen el problema.
Los acontecimientos han despertado la respuesta airada de diversos sectores de la nación sudamericana que consideran su soberanía hollada, y son el motivo de una marcha de repudio anunciada para mañana viernes por el Frente Francisco de Miranda...
Pero la pretendida estocada de Exxon —aún no hay un dictamen final— es más que un aguijonazo a la dignidad venezolana. Emplazar jurídicamente a PDVSA y retener una parte de su capital, eleva otro peldaño la escalada de Washington contra la Revolución Bolivariana.
No se trata ya del monto del dinero congelado —PDVSA ha asegurado que son solo 300 millones y, además, sigue siendo solvente— como lo que representa la acción, enfilada contra un sector clave para el desenvolvimiento económico y, además, para el bienestar de la población venezolana: de las ganancias de PDVSA se nutren las denominadas Misiones que llevan la justicia social a todo el país.
Novedosas iniciativas regionales lanzadas por Venezuela y que hoy jalonan la integración mediante una solidaridad nunca antes practicada, a esa escala, en América Latina —por ejemplo, PETROCARIBE—, también se sustentan en el petróleo...
Y se sabe que Exxon Mobil —una de las siete transnacionales del crudo más poderosas en todo el planeta— está muy ligada a los derroteros imperiales trazados por la administración Bush.
Así, muchos opinan que la incautación de los fondos venezolanos no constituye una acción aislada. El entramado judicial en que se enreda ahora a PDVSA, forma parte del recrudecimiento de la hostilidad de Washington contra la Revolución.
A las reiteradas declaraciones del presidente W. Bush acerca de la «desestabilizadora» presencia de la Venezuela Bolivariana en Latinoamérica se suman, insistentes, las evaluaciones gringas que juzgan permisivo y, por tanto, «negligente», el enfrentamiento de Caracas al narcotráfico.
En las semanas recientes, otras falsas acusaciones de la Casa Blanca se suman. Por ejemplo, la aseveración falaz de que Venezuela sustenta materialmente a las guerrilleras FARC de Colombia mientras, por el contrario, el presidente Chávez acaba de denunciar el incremento de la entrada a territorio venezolano de paramilitares oriundos de terceras naciones, a través de la frontera común.
Pero tanto como el filón oportunista y agresivo que se observa a la medida provocada por Exxon, el capítulo recién abierto permite palpar la extorsión de las grandes y prepotentes transnacionales sobre países que hasta ayer fueron para ellos, apenas, fuentes de materia prima. Ello explica también por qué los procesos nacionalistas y liberadores que se gestan hoy en Sudamérica tienen que partir de un punto común: la nacionalización que les permita retomar sus recursos, y ser dueños de esas riquezas. Es la primera medida para asegurar la independencia.
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