Bolivia: la amenaza del separatismo

Autor:

Marina Menéndez Quintero

En Cochabamba también se rechaza a la Media Luna. Foto: Indymedia

Con todos sus desafíos, el referendo revocatorio vuelve a asomar en Bolivia frente a la intransigencia de los prefectos opositores, y ante el peligro secesionista de la autonomía planteada por el rico departamento de Santa Cruz.

Con el nuevo texto de Carta Magna aún pendiente de aprobación popular y amagos de desestabilización contenidos por la cordura y el afán pacifista del gobierno, puede que otra consulta donde se ratificaría o no el mandato del Presidente y de todos los prefectos, no tenga su momento ideal ahora. Sin embargo, Evo Morales ha hablado nuevamente de esa posibilidad, en una virtual reedición de la frase lapidaria que pronunció al plantear por primera vez el revocatorio, el pasado mes de noviembre: «El pueblo decidirá quién se queda y quién se va».

La labor de zapa de los gobernadores de la llamada Media Luna (Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni) ha continuado durante lo que va de año, a pesar del diálogo convocado por el gobierno y al que los prefectos opositores acudieron de mala gana y solo atenazados por la posibilidad de la revocación, que temen según todos los indicios. En verdad, nadie sabe el real apoyo con que cuentan ahora en sus respectivas localidades, aunque cuando los gobernadores opositores hablen, lo hagan «a título departamental».

Para hacer fluido el diálogo entre los prefectos y el ejecutivo, el temario se ha debatido en comisiones. Sin embargo, unos siete encuentros para discutir el asunto del Bono Dignidad y la toma de ese dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), no han logrado un consenso. Reticentes a cualquier acuerdo y aun más enajenados desde que el ejecutivo, cumpliendo con su palabra, empezó a pagar la renta a la vejez mediante el Bono, los gobernadores de la Media Luna no han aceptado la propuesta de un fondo de compensación para rellenar los alegados recortes que les supondrá la toma del dinero del IDH y se empeñan, tozuda e interesadamente, en que los fondos no salgan de allí, como si el dinero engordara sus propios bolsillos y no los de las prefecturas. Poco después se retiraron del diálogo, lo que ha puesto ese proceso en un virtual punto muerto.

Pero tampoco se ha logrado enrumbar las cosas en lo relativo a las autonomías para que el deseo en tal sentido, expresado mayoritariamente en los territorios de la llamada Media Luna, se formule con apego a la Constitución. Cuna de la oligarquía y a la cabeza de los esfuerzos contra el cambio, el departamento de Santa Cruz representado por su gobernador, Rubén Costas, ha planteado un ilegal y separatista proyecto que aspira someter a consulta en el mes de mayo.

La propuesta se perfila hoy como el primer peligro inmediato para la refundación y, más aun, para la propia integridad de Bolivia, y ha despertado las voces de repulsa de juristas, organizaciones populares, del Tribunal Supremo y del propio Congreso nacional, que el martes abrió sesiones para pronunciarse sobre la ilegalidad de la medida... Claro, con los legisladores del opositor PODEMOS en contra.

Sin embargo, hasta políticos de la propia derecha han alertado acerca de la inconstitucionalidad de la autoría cruceña, así como la Central Obrera Boliviana (COB), cuyas posiciones radicales la distanciaron hasta hace poco de la gestión gubernamental, y ahora advierte sobre los peligros.

«Lo único que están buscando los defensores de la oligarquía es fracturar la unidad de los bolivianos y la integridad del territorio nacional», alertó su secretario de Organización, Sósimo Paniagua. «La COB rechaza esa convocatoria por ser separatista y anticonstitucional», agregó.

Detener los afanes divisionistas de Santa Cruz, así como la repercusión que podría tener en el resto de la llamada Media Luna, es la misión más importante ahora.

Como contrapeso a los prefectos opositores, sin embargo, las posturas de las municipalidades de esas mismas regiones son distintas, y evidencian los intereses muy particulares que animan a los prefectos.

En encuentro con el vicepresidente Álvaro García Linera, representantes de la Federación de Asociaciones Municipales acordaron la antevíspera analizar también el tema de las autonomías, pero dentro de lo acordado al respecto en el texto de la nueva Constitución, así como lo concerniente al IDH. Según el vicemandatario Linera, entre las partes no hay diferencias antagónicas, lo que significaría que el sentir de las masas, incluso en los departamentos de los prefectos separatistas, no es el mismo que el de sus gobernadores.

Respaldando esa postura, también los campesinos cocaleros, indígenas y jubilados, se pronunciaron en las últimas horas contra los estatutos autonómicos ilegales que promueven los gobernadores de la Media Luna.

Frente a la oligarquía y el denunciado apoyo que reciben desde afuera, el momento en Bolivia sigue siendo de combatividad y unión de los de abajo.

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