Unos 240 kilómetros separan a las dos Coreas a lo largo del paralelo 38. Esta semana se tensó aún más la situación en toda la península y en esa escasa franja divisoria, tras la incorporación de Corea del Sur a la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI), instaurada por Estados Unidos desde 2003. En respuesta, la República Popular Democrática de Corea (RPDC) puso fin al acuerdo de armisticio que terminó la guerra entre ambas partes de la misma nación (1950-1953). El fantasma de una confrontación bélica planea por la zona, mientras un mecanismo injerencista, instaurado anteriormente por la administración Bush, se ceba con las diferencias.
A instancias del PSI, se han organizado más de una treintena de maniobras militares conjuntas y está autorizada la captura en alta mar de navíos sospechosos de transportar material nuclear y armas de destrucción masiva. La paranoia de Washington y su cruzada contra el terrorismo logró hace seis años que 90 países se sumaran a la Iniciativa. Ahora Corea del Sur se convierte en el miembro 95, argumentando las amenazas de sus vecinos del norte.
«Ingresar a la PSI es una obligación natural», dijo el canciller de Corea del Sur, Yu Myunghwan, citado por la agencia de noticias sudcoreana Yonhap. Pero la RPDC calificó la participación de Seúl como «una declaración de guerra», y apuntó que si sus barcos son registrados o retenidos por este mecanismo, lanzaría una respuesta militar inmediata.
Según recoge un despacho de la AFP, Robert Joseph, un ex subsecretario de Estado norteamericano encargado del control de armamentos, afirmó el año pasado que la iniciativa había permitido «desacelerar los programas nucleares y de misiles en Asia y Medio Oriente». Sin embargo, no se tienen detalles de las actividades del PSI, porque cada vez que los funcionarios estadounidenses han sido abordados sobre el asunto a lo largo de estos años, se han escudado en el carácter confidencial de este para no dar ninguna información.
Algunos analistas han señalado que en esas circunstancias es difícil medir su eficacia y, aunque lo integren casi un centenar de países, también lo es corroborar la transparencia de sus funciones. Por si fuera poco, carece de amparo legal según el derecho internacional, ya que la Convención del Mar, de 1982, impide interceptar un buque sin la autorización del país que lo abandere o su capitán.
A pesar de todo, en 2003, barcos norcoreanos fueron interceptados e incautado su contenido (tubos de aluminio y cianuro de sodio) por ser sospechosos de servir para el programa nuclear de la RPDC. La contundente respuesta de Pyongyang ahora, tiene que ver con aquella experiencia, y más cuando son sus vecinos los nuevos miembros.
La RPDC acusa a Washington de «convencer a Corea del Sur para que participe en la PSI», ya que hasta el momento solo había sido observador del proceso. Vale la pena cuestionar cuál es el derecho que asiste al PSI para violar las aguas internacionales de otros países, pero ya sabemos que Estados Unidos es experto en imponer leyes de marcado carácter extraterritorial.
Injerencia, amenazas, limbos legales, iniciativas imperiales, guerras anunciadas... A río revuelto... ya sabemos quiénes son los beneficiados.
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