Lo que se conoce... y lo que no

Autor:

Marina Menéndez Quintero

«Y ¿qué le debe Colombia a los Estados Unidos para que el presidente le haga tantas concesiones?». Esa misma pregunta, que estampó en su blog del diario Tiempo una colombiana, podrían estársela haciendo ahora cualesquiera de sus paisanos, al conocer la letra del acuerdo finalmente publicitado por la Cancillería de Bogotá una vez que todo se ha consumado, y después de meses de secretismo que algunos políticos consideran «desproporcionado» cuando «se les da todo a los gringos».

El país ha sido convertido, apuntan los inconformes, en un gigantesco portaaviones; una gran base yanqui en pleno corazón de América Latina, que será punta de lanza contra las naciones vecinas, y molesta a los colombianos que sienten hollada la soberanía.

Desoída la opinión del Consejo de Estado —la única institución a la que se dio cuenta del llamado Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad antes de su firma, y que sugirió su ratificación en el Congreso—, el tratado es considerado ilegal y, según el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, es jurídicamente inexistente.

Aunque el Acuerdo ha sido presentado como una profundización de los protocolos suscritos con EE.UU. desde 1952, el Consejo de Estado estimó que lo pactado ahora no tiene antecedentes, por lo que recomendó también su examen en la Corte Constitucional.

Pero entre el poblador común, más ajeno a las leyes, preocupa y disgusta la falsedad de promesas previas, tales como que los militares yanquis no gozarían de la inmunidad diplomática que les concede, al fin, el tratado, junto a la exención de pasaportes y visas, y una libertad de movimiento que incluye a los propiamente militares, a los llamados contratistas, y a los empleados por estos: una nueva categoría de visitantes a los que se suman los familiares de los marines. Todos podrán transitar sin restricciones dentro y entre las siete bases concedidas en el texto para su uso —las de Larandia, Tolemaida, Apiay, Málaga, Cartagena, Malambo y Palanquero— y, además, en las nuevas «ubicaciones» que «las partes» consideren. Ello abre el diapasón al territorio entero, incluyendo a los aeropuertos.

Posibilidades de construir o modificar las instalaciones militares existentes, uso gratuito del espacio radioelectrónico y de la red de telecomunicaciones y no abordaje ni inspección de las aeronaves y buques que arriben, son otras de las concesiones estipuladas en el Acuerdo y por las cuales se habla en Colombia de «ocupación ilegal y gratuita».

Mas, amén de lo que ha quedado en blanco y negro, muchas preocupaciones estriban en lo que no está precisado. Como recordaba Tiempo este sábado, el texto prevé la firma, al menos, de otros seis acuerdos de implementación en áreas donde las facultades de cada quien no quedaron convenidas, por lo que las partes volverán a reunirse próximamente.

Y queda por saberse, finalmente, el alcance de esa interoperabilidad, de los procedimientos conjuntos, el intercambio de inteligencia y los ejercicios combinados que se citan como objetivos de la cooperación. Alcance enigmático, sobre todo, cuando EE.UU., principal beneficiado del convenio, sigue haciendo una manipulación falaz de lo que considera «amenaza a la paz, la estabilidad y la democracia» a cuyo enfrentamiento, supuestamente, está dirigido el Acuerdo.

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